El Gobierno, a través del Viceministerio de Transparencia, Seguridad Jurídica y Derechos Humanos, presentó una denuncia penal contra la expresidenta ejecutiva de la Aduana Nacional, Karina Serrudo Miranda, por presuntas irregularidades en el proceso de construcción del edificio de la entidad estatal en la ciudad de Tarija.
De acuerdo a un boletín institucional, la exejecutiva enfrenta cargos por incumplimiento de deberes, conducta antieconómica, entre otros. La denuncia fue formalizada el 27 de enero y ya fue admitida por la Fiscalía.
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Según la acusación, el terreno adquirido para la construcción de las nuevas oficinas de la Aduana no cumple con todas las características requeridas por la convocatoria, como ubicación adecuada, accesos apropiados, planos aprobados y saneamiento legal.
La adquisición, además, fue acordada por un precio superior al de otras ofertas más favorables y el derecho propietario recién fue inscrito a nombre de la Aduana dos años después, debido a problemas legales y técnicos que no fueron resueltos oportunamente, señala el boletín.
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En el terreno comprado con supuesto sobreprecio y con indicios de direccionamiento, se construyeron las nuevas oficinas de la Aduana con la ejecución de un proyecto cuya inversión ascendió a más de 22 millones de bolivianos.
Pese a ello, el director general de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, Iván Vaca, informó que se concretó el desembolsó de los recursos, pese a que el terreno no cumplía con las condiciones acordadas, lo que refuerza la hipótesis de perjuicio económico al Estado.
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Se identificaron también observaciones técnicas relevantes, entre ellas que la obra se ejecutó en una zona inadecuada, contrario al Plan de Uso de Suelo del municipio y poco funcional para las operaciones de la Aduana; así como la falta de planos por el Gobierno Municipal, pese a tratarse de una infraestructura financiada con recursos públicos.
La denuncia menciona que la infraestructura es insuficiente y mal planificada, ya que no cubre las necesidades operativas de la Aduana, lo que obligó a continuar alquilando otros dos bienes inmuebles.
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A dichas deficiencias, se suman faltas técnicas en la estructura, incluyendo riesgos por filtraciones de agua y condiciones inadecuadas del terreno.
Al respecto, el viceministro de Transparencia, Seguridad Jurídica y Derechos Humanos, Yamil García, estima que las irregularidades detectadas habrían generado un sobreprecio superior a los 10 millones de bolivianos.
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La autoridad alertó de elevación de precios en el costo por metro cuadrado, adquisición del terreno y en la planificación de la estructura.
El viceministro García señaló que las indagaciones por este caso se enmarca en la investigación de los hechos de corrupción e irregularidades registradas en las últimas dos décadas.