La Justicia rechazó el recurso de incompetencia planteado por la defensa legal del expresidente Luis Arce, quien buscaba ser juzgado a través de un juicio de responsabilidades, en el marco de la investigación por el caso del Fondo Indígena.
La defensa de Arce argumentó que le corresponde un juicio de corte dentro de las investigaciones que existe por el presunto desfalco a la entidad estatal por su calidad de expresidente de Estado, sin embargo, la autoridad jurisdiccional desestimó la solicitud porque los hechos investigados se produjeron cuando fue ministro de Economía, por lo que el caso continuará por la vía ordinaria.
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“Se ha rechazado esta excepción de incompetencia planteada al juez cautelar, en cuya consecuencia el proceso va a seguir bajo la justicia ordinaria y pues el señor Luis Arce va a mantenerse detenido, como ya se ha establecido, por cinco meses más”, informó el jurista.
Arce fue aprehendido el 10 de diciembre en la ciudad de La Paz por una ampliación en la investigación en el caso, debido a que durante su gestión como titular de la cartera de Economía durante el Gobierno de Evo Morales, habría autorizado desembolsos de dinero a cuentas personales de dirigentes de organizaciones sociales para la ejecución de proyectos en comunidades indígenas y el área rural, que nunca se concluyeron o se realizaron solo parcialmente.
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La Fiscalía emitió la resolución de imputación formal por al menos cinco delitos, entre ellos conducta antieconómica, incumplimiento de deberes y daño económico al estado que supera los Bs 4.000 millones, monto que fue ratificado en reiteradas oportunidades dentro del proceso judicial. Actualmente, Arce cumple detención preventiva en el penal de San Pedro.
En una carta manuscrita difundida en redes sociales, el exmandatario denunció que la ratificación de la prisión preventiva confirma “la vulneración al debido proceso” y el “carácter político” de su encarcelamiento, lamentando la presunción de culpabilidad y su “absoluta indefensión”.
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La Fiscalía sostiene que persiste el riesgo de fuga y de interferencia en el proceso porque la exautoridad habría declarado un domicilio en el que no reside y no tiene actualmente un puesto de trabajo estable.