Finalmente llegó el día que nunca deseó el dictador Nicolás Maduro. El empresario colombiano Alex Saab, quien durante años ofició como su testaferro, enfrentó la primera audiencia judicial ante un tribunal de Miami tras su extradición desde Cabo Verde el pasado sábado.
El juez John J. O’Sullivan, del tribunal federal de Estados Unidos para el distrito sur de Florida, le notificó ocho acusaciones de lavado por varios cientos de millones de dólares presuntamente provenientes de negocios corruptos con la dictadura venezolana: un cargo es por conspirar para lavar dinero, y los otros siete por haber cometido ese delito.
Saab participó de forma virtual desde la prisión federal donde está detenido. Se lo pudo ver con el cabello largo hasta el cuello, esposado, con el clásico mono naranja que llevan los detenidos, y utilizando una mascarilla.
En el comienzo de la audiencia, el juez, además de leer los derechos de Saab, le preguntó si estaba de acuerdo con tener un abogado de oficio (Henry Bell), a lo que el acusado accedió.
Pese al intento de la defensa, O´Sullivan le negó la libertad bajo fianza al empresario colombiano: la Fiscalía señaló que Saab presentaba “riesgo de fuga”. Además, acordaron que la próxima audiencia se desarrollará el próximo 1 de noviembre. Allí, Saab decidirá si se declara culpable o no culpable.
Luego de escuchar los cargos, el abogado Henry Bell dijo al juez que está pendiente una apelación sobre la supuesta inmunidad diplomática del acusado.
Más de 300 personas fueron testigos de la audiencia inicial en el Distrito Sur de la Florida. Entre ellos se encontraba Carlos Vecchio, embajador del presidente interino Juan Guaidó en Estados Unidos, y el diputado Carlos Paparoni. Asimismo, de forma virtual la sesión fue seguida por cientos de personas, funcionarios venezolanos opositores, y decenas de medios internacionales.
Saab, que llevaba detenido en Cabo Verde desde junio de 2020, enfrenta cargos federales en Estados Unidos por haber lavado presuntamente hasta 350 millones de dólares defraudados a través del sistema de control cambiario en Venezuela
Según la acusación, entre noviembre de 2011 y septiembre de 2015, Saab y su mano derecha, Álvaro Enrique Pulido, se confabularon con otros individuos para lavar sus ganancias ilícitas y transferirlas desde Venezuela hasta cuentas bancarias en EEUU, razón por la que Washington tiene jurisdicción en el caso.
Además, en mayo de 2019, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EEUU sancionó a Saab por su presunta participación en varias tramas de corrupción a gran escala, en torno a la construcción de viviendas populares, distribución de alimentos a los más pobres y operaciones ilícitas con el oro venezolano.
De acuerdo con OFAC, Saab y Pulido tuvieron acceso a la cúpula del régimen de Maduro a través de Cilia Adela Flores, esposa del dictador, y sus hijos Walter, Yosser y Yoswal, y un primo de estos, Carlos Erica Malpica Flores. Todos ellos y muchas otras personas están sancionadas por OFAC, por ser parte de “una red de corrupción y nepotismo”.
La extradición generó una fuerte condena del régimen de Nicolás Maduro, que reaccionó con la interrupción del diálogo que celebraba con la oposición desde el pasado 13 de agosto y cuya cuarta sesión debía comenzar el pasado domingo, 17 de octubre, en la capital mexicana. Además, las autoridades venezolanas volvieron a detener a seis ejecutivos que trabajaban en Citgo, entre ellos cinco estadounidenses, que habían estado bajo arresto domiciliario, según el diario The New York Times, que cita al abogado de uno de los arrestados.
Entretanto, Maduro dijo este domingo en cadena nacional de radio y televisión que encomendaba “a Alex Saab en las manos de Dios y habrá Justicia, porque habrá verdad”.
Su intervención fue el último de los múltiples actos de este domingo en los que el régimen chavista manifestó su apoyo al empresario colombiano.
Para el chavista, Alex Saab está “secuestrado por el imperio norteamericano”. En su intervención, de hecho, calificó de “injusticia innoble” la extradición. Se trata de “una de las injusticias más innobles y vulgares que se haya cometido en las últimas décadas en el mundo”, denunció.
Quien también se pronunció el domingo fue la esposa de Saab, la italiana Camilla Fabri, quien aseguró durante una concentración en favor de su marido en Caracas que tanto ella como el empresario colombiano no colaborarán con la Justicia de Estados Unidos.
“No tengo nada que colaborar con Estados Unidos, no he cometido ningún delito ni en Estados Unidos ni en ningún país y no pienso mentir para favorecer a Estados Unidos en contra del que atraviesa un bloqueo inhumano (Venezuela)”, dice la carta leída por Fabri, quien aseguró, durante la protesta, que Saab la había escrito antes de ser extraditado.
En el texto, el empresario, de 49 años, dijo que enfrentará el juicio en Estados Unidos “con total dignidad y haciendo valer” su “inmunidad diplomática como servidor de la república bolivariana de Venezuela”. Asimismo, responsabilizó a Estados Unidos y a la oposición venezolana liderada por Juan Guaidó de su vida y su integridad física.
Insistió en que se le han violado sus derechos humanos y que su arresto fue ilegal, una denuncia que ya ha hecho el régimen venezolano que lo nombró diplomático después de que fuese detenido el 12 de junio en Cabo Verde en virtud de una orden de captura emitida a través de Interpol por Estados Unidos, con el fin de que se le otorgase inmunidad y fuera liberado.
Asimismo, su esposa denunció, ante unas 200 personas que participaban en la protesta, que no pudo visitarlo durante su arresto y que el “único” familiar que lo hizo fue la hermana de Saab.
Saab no es el único en la mira de la Justicia. En 2019, las autoridades italianas incautaron bienes a la esposa del testaferro de Nicolás Maduro valuados en millones de dólares y que fueron comprados con recursos venezolanos. Durante un operativo, incautaron un inmueble, obras de arte y cerca de 1,8 millones de euros de la cuenta bancaria de Fabri, de 27 años y nacida en Roma, Italia.
La investigación contra Fabri fue liderada por el fiscal italiano Rodolfo Sabelli, quien le llevaba la pista a los multimillonarios movimientos financieros de la joven, que no tenía cómo explicar la exorbitante fortuna que de la noche a mañana tenía.
El Operativo judicial se realizó gracias a la cooperación de distintos países. Las autoridades encontraron pistas “debido a hipótesis de corrupción internacional, tráfico ilegal de oro, lavado de dinero, malversación de fondos, entre otros, insertado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos”, informó la fiscalía de Italia en su web.
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