Más de 17 años después del operativo en el Hotel Las Américas, en Santa Cruz, tres personas que fueron procesadas en el denominado caso “Terrorismo” acudieron nuevamente a la Fiscalía, esta vez para interponer una denuncia contra el expresidente Evo Morales y otras 154 personas, entre exautoridades y exfuncionarios, relacionadas con la investigación.
David Sejas, Juan Carlos Guedes y Alfredo Saucedo presentaron la denuncia ante la Fiscalía Departamental de Santa Cruz. Los tres estuvieron vinculados al proceso iniciado tras el operativo policial del 16 de abril de 2009.
“Hay una lista, son más de 100 (personas), encabezando la lista está el asesinado confeso: Evo Morales Ayma porque lo dijo en Venezuela que dio la orden y aquí (en Bolivia) operó el (ex)vicepresidente Álvaro García Linera, quien dio la orden para hacer la operación”, declaró Guedes en entrevista con F10.
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La intervención policial en el inmueble derivó en la muerte de Eduardo Rózsa Flores, Michael Dwyer y Árpád Magyarosi, mientras que Előd Tóásó y Mario Tadic fueron detenidos. En ese momento, el Gobierno de Morales afirmó que las víctimas fueron abatidas porque integraban una organización terrorista que presuntamente pretendía impulsar un proyecto separatista en Santa Cruz.
La investigación posteriormente alcanzó a dirigentes cívicos y empresarios cruceños, varios de los cuales fueron detenidos, procesados o salieron del país durante el desarrollo del proceso.
El caso permaneció abierto durante vario años y atravesó diferentes etapas judiciales hasta 2019. En enero de 2020, durante el Gobierno de Jeanine Áñez, se retiró la acusación, lo que derivó en el archivo del proceso y dejó sin efecto las actuaciones contra las personas que aún permanecían vinculadas.
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Ahora, tres de los exprocesados pretenden que el Ministerio Público active las investigaciones correspondientes contra quienes, según Guedes, tuvieron participación en las acciones judiciales que se impulsaron en su contra.
Explicó que la denuncia incluye a exautoridades, exlegisladores, exfiscales, policías y jueces relacionados con el proceso. Los denunciantes atribuyen a los acusados una serie de delitos que, presuntamente, se habrían cometido durante la investigación y el desarrollo de la causa.
“Todos están involucrados, estamos hablando de Walter Andrade, Jhonny Aguilera, Marcelo Sosa, y varios policías que ahora aspiran a ser generales (…) Nosotros buscamos que se haga justicia, que no quede en la impunidad; que las instituciones llamadas a salvaguardar la integridad de las personas no se presten a los juegos políticos”, afirmó.
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Entre los delitos señalados figuran asesinato, tentativa de homicidio, vejaciones y torturas, privación de libertad y lesiones. También se mencionan resoluciones contrarias a las leyes e incumplimiento de deberes, además de otros hechos que deberán ser evaluados por la Fiscalía.
El Ministerio Público deberá revisar los argumentos y elementos presentados para definir si corresponde admitir la denuncia y abrir una nueva investigación.
De esta manera, el denominado caso “Terrorismo” regresa al escenario judicial, esta vez con una denuncia presentada por quienes fueron procesados en esa causa y que buscan establecer responsabilidades por las actuaciones desarrolladas durante uno de los procesos más polémicos de la historia reciente de Bolivia.