La Paz, 22 jul (Radio Splendid).- El senador por Comunidad Ciudadano (CC), Santiago Ticona, informó que se hizo una petición de informe oral para el ministro de Defensa, Edmundo Novillo, misma que se prevé realizar la primera semana de agosto. El propósito de la interpelación es el avance de la lucha contra el contrabando en el país.
“Queremos denunciar de que el gobierno ha generado una estrategia mediática, para que la población no empiece a debatir el problema central de la ciudadanía que es el contrabando, que es conocido para todos, una acción que genera bastante daño a nuestro país (…) y son las preocupaciones que tenemos como senadores de Comunidad Ciudadana, que el gobierno debe responder a través del ministro de Defensa y sus viceministros, la primera semana del mes de agosto”, afirmó Ticona, que también forma parte de la Comisión de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral del Senado,
El Congresista de CC, argumento que son alrededor de 150 mil empleos que se pierde a razón del ingreso de contrabando a Bolivia, “Son alrededor de 150 mil empleos que se están perdiendo, la información que se tiene no es clara, ni transparente, es por esa situación que como senadores estamos planteando, la petición de informe oral en el que tiene que responder el gobierno”.
Entre los puntos principales para tratar en este aspecto será; los niveles de coordinación que se ha realizado con las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana; el control de las fronteras; el paradero de las mercaderías incautadas; participación de municipios en el contrabando, además de los procesos judiciales que se realizo a los contrabandistas.
Uno de los principales problemas en el país es el contrabando, según el último reporte en La Paz, existen al menos 30 puntos de paso de contrabando en el municipio de Desaguadero del departamento paceño, frontera con Perú.
Entre seis países, Bolivia tiene una de las normas contra el contrabando más permisivas, tanto para tipificar el valor del delito como para establecer cuándo una persona debe ir a prisión, según un estudio de la Cainco.