Este domingo arranca la Convención Constitucional que tiene la misión de redactar una nueva carta magna para Chile.
Los 155 integrantes se reunen para su primera sesión a las 10 de la mañana (hora local) en el edificio del Congreso Nacional en la capital, Santiago. Y antes que nada se elegirá a un presidente y a un vicepresidente que liderarán el proceso.
Además, en los próximos días deberán definir el reglamento sobre cómo se trabajará en la redacción de la nueva Constitución; por ejemplo, si incorporará o no algún tipo de participación ciudadana o si abordará los temas a través de comisiones específicas, entre otras cosas.
La sesión inaugural coincide con otro hecho histórico para la nación sudamericana: los 210 años de la instalación del primer Congreso Nacional.
Desde que comenzó la ola de protestas en Chile, en octubre de 2019, una de las principales demandas ha sido el cambio de Constitución.
El texto actual fue creado en 1980 y es criticado fuertemente por ser herencia del régimen militar de Augusto Pinochet y por consolidar un papel residual del Estado en la provisión de servicios básicos.
Ahora, tras casi dos años de fuertes tensiones y crisis social, la Convención Constituyente es ya una realidad.
Sus miembros fueron electos por la ciudadanía a mediados de mayo en unos comicios que sorprendieron a la clase política y a expertos electorales chilenos, pues los independientes se posicionaron como unos de los grandes triunfadores, logrando casi un tercio de los escaños (48 en total).
En cambio, los partidos tradicionales fueron fuertemente castigados: la derecha consiguió solo 37 puestos (lo que la deja lejos del tercio necesario para influir en el contenido de la nueva carta magna) mientras que la centroizquierda (que gobernó el país entre 1990 y 2010) fue superada por el Partido Comunista y el Frente Amplio.
La convención —integrada en partes iguales por hombres y mujeres (algo inédito en el mundo) y por 17 representantes de los pueblos indígenas— tendrá un plazo de nueve meses para presentar la nueva carta fundamental, pudiendo ser ampliado por otros tres meses en una sola oportunidad.
Luego, a mediados de 2022, los chilenos se someterán a un plebiscito de salida para aprobar o rechazar el nuevo texto propuesto.
Desde que comenzó la ola de protestas, en octubre de 2019, una de las principales demandas de los chilenos ha sido el cambio de Constitución.Este deberá respetar el carácter de República del Estado de Chile, su régimen democrático, las sentencias judiciales firmes y ejecutoriadas, y los tratados internacionales ratificados por el país liderado por Sebastián Piñera y que se encuentren vigentes.
Pero entonces ¿cuáles son los temas que sí entrarán en debate y que son claves para sentar las reglas del juego que regirán esta nación en los próximos años o décadas? En BBC Mundo te lo contamos.
1. Rol del Estado
«Hay temas claves que sí o sí estarán en la Convención», señala la politóloga chilena Pamela Figueroa, quien trabajó en el proceso constituyente desarrollado en el segundo gobierno de Michelle Bachelet.
«Uno de los cuestionamientos importantes hoy en Chile es hacia el rol del Estado en la Constitución, que es subsidiario. Toda la agenda política apunta a un Estado que tenga un rol más social, un Estado social de derecho«, dice la académica.
La necesidad de contar con un Estado más fuerte en lo social fue reclamado en las masivas protestas que comenzaron en octubre de 2019, donde se pedía mayor protección en áreas como la salud o educación.
Para los expertos consultados por BBC Mundo, ahora la pandemia vino a evidenciar aún más la importancia de tener un Estado más protagónico y que garantice algunos servicios básicos para los chilenos.
La necesidad de contar con un Estado más fuerte en lo social fue reclamado durante el estallido social.«Con la pandemia se ha agudizado la demanda sobre el rol del Estado en la provisión de protección social, de bienestar. De esta forma, va a haber una discusión muy fuerte respecto a los derechos sociales y económicos, y el rol del Estado en la provisión de los servicios públicos en general», dice Marcela Ríos, representante asistente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Chile.
En esta discusión, lo central será definir cuáles son los derechos que garantizará el Estado y de qué forma lo hará.
«Hay un amplio consenso en incorporarlos de forma más explícita: educación, salud, seguridad social. Surgirán nuevos, como el de vivienda. Y derechos de segunda generación: relativos al medioambiente, la no discriminación, la participación. Eso también será importante», dice Figueroa.
Pero ¿cómo la Constitución podría asegurar que el Estado garantice esos derechos?
Claudio Fuentes, académico de la escuela de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales, pone ejemplos.
«La Constitución actual dice que el Estado debe garantizar el acceso a las prestaciones de salud. Ahora probablemente se va a hablar de que el Estado debe proveer servicios básicos a la salud y estos deben ser pertinentes territorialmente», le dice a BBC Mundo.
2. Régimen de gobierno
Para Pamela Figueroa, el debate sobre el régimen político y la distribución del poder es «el más importante».
Actualmente, Chile cuenta con un régimen presidencial, donde el jefe de Estado (en este caso Sebastián Piñera) ostenta el poder Ejecutivo.
Sin embargo, en los últimos años han surgido cada vez más cuestionamientos hacia este modelo por quienes consideran que el mandatario tiene demasiadas atribuciones.
«Una de las grandes causales de la crisis en Chile fue la rigidez institucional que generó un régimen hiperpresidencial, que es bicameral pero donde las cámaras no tienen peso real y los partidos políticos son muy débiles», explica Figueroa.
Actualmente, Chile cuenta con un régimen presidencial, donde el jefe de Estado ostenta el poder ejecutivo. En la foto, el palacio de La Moneda.«Se requiere transformar el equilibrio de poder entre presidente y Congreso, y ampliar la participación política abriendo mecanismos de democracia directa entre elecciones. Cómo se defina la distribución del poder afectará cómo la nueva Constitución se irá convirtiendo en nuevas leyes, se irá expresando en políticas públicas», afirma.
Así, ya han comenzado a asomar algunas propuestas de cambio, entre ellas, un semipresidencialismo o parlamentarismo.
«Yo diría que la mayoría hoy está por un semipresidencialismo. Su lógica detrás es que las mayorías gobiernen. Que se elija a un primer ministro que dependa del Congreso y que, ante una crisis, se pueda reemplazar», explica Claudio Fuentes.
Para el académico, la baja aprobación de Piñera (que, según las últimas encuestas no supera el 9%) ha hecho que este debate esté mucho más presente.
«Como está tan latente el fracaso de Piñera, mucho apoyan este sistema semipresidencial que flexibilice la rigidez del sistema actual», dice.
Hay otras propuestas sobre la mesa como un «presidencialismo parlamentarizado», donde el presidente podría disolver el Congreso por una sola vez, o el Congreso podría censurar al presidente.
«Debe plantearse un diseño integral, con incentivos y herramientas que incentiven la colaboración entre el Ejecutivo y el Congreso. Hoy la figura presidencial llega al poder con la ilusión de la mayoría y se encuentra con un Congreso que no le permite llevar adelante su agenda. Hay una disociación entre el poder ejecutivo y el legislativo», dice Figueroa.
Dentro de este debate, será importante lo que se decida respecto al Tribunal Constitucional (TC), cuya misión es ejercer el control de constitucionalidad de las leyes.
En los últimos años, este órgano ha sido puesto en duda en repetidas ocasiones por quienes critican que actúa con intereses políticos —se le ha tildado de «tercera cámara»— y beneficia a una minoría.
En los últimos años han aumentado los cuestionamientos al régimen presidencial chileno. En la foto, el presidente Sebastián Piñera.«Si hay un acuerdo político hoy es que hay que restringirle los poderes al TC. Incluso, entre los de derecha. Los de izquierda quieren eliminarlo y pasarle esas atribuciones a la Corte Suprema», explica Claudio Fuentes.
De alguna forma, el TC le otorga más poderes al presidente de la República pues este puede tomar la iniciativa de enviar ciertos proyectos de ley para que sea revisados.
«Además de que el presidente tiene mucho poder, tiene la posibilidad de recurrir a un tribunal que al final es un órgano contra mayoritario», dice Fuentes.
3. Reconocimiento de los pueblos originarios
La definición de los derechos para las comunidades originarias y el debate sobre un Estado plurinacional serán otros de los temas «fundamentales» de la Convención, plantea Juan Pablo Luna, doctor en ciencia política y profesor en la Universidad Católica de Chile.
La Convención Constitucional recién electa incorpora a 17 representantes indígenas pertenecientes a los 10pueblos originarios chilenos reconocidos por el Estado, entre ellos, los mapuches, aimaras, quechuas y diaguitas.
Entre las demandas de estas comunidades está la de crear un Estado plurinacional, con el que se acepte su autonomía y sus derechos. Además, plantean la necesidad de contar con garantías en términos territoriales y el reconocimiento de su cultura y su lengua, entre otras cosas.
Los mapuches tienen reclamos centenarios sobre tierras.«Este es un tema grande, que va a costar, donde habrá que hacer mucha reparación histórica. Y obviamente es complicado, porque toca derechos de propiedad. Pero es fundamental. Los modelos de Nueva Zelanda y Canadá son los más interesantes», propone Luna.
Chile y Uruguay son de los pocos países de América Latina que carecen de un reconocimiento explícito de los pueblos indígenas en su Carta Fundamental. En la otra vereda están Bolivia y Ecuador, dos naciones que no sólo reconocen a estos pueblos, sino que han optado por consagrar el carácter plurinacional del Estado en sus Constituciones.
Luna dice que el resultado sobre la inclusión de derechos garantizados y reconocidos en la Constitución para las comunidades indígenas no representa sólo un fuerte efecto simbólico.
«Hay varios países de América Latina que incorporaron esos derechos y que hoy se hacen justiciables como ocurre en Brasil o Colombia, donde la salud se empieza a litigar en cortes a partir de su reconocimiento como un derecho constitucional», recuerda.
4. Medioambiente y derechos del agua
La Constitución actual chilena estipula el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación y el deber del Estado de tutelar la preservación de la naturaleza.
El cuidado por el medioambiente ha sumado apoyo en Chile.Sin embargo, para algunos esta declaración no es suficiente para abordar de forma más integral la problemática detrás del cambio climático.
«Las disposiciones actuales son muy limitadas. Están escritas bajo una lógica de etnocentrismo (ideología a través de la cual el individuo analiza el mundo de acuerdo con los parámetros de su propia realidad), están centradas en la persona y aborda la contaminación solamente», dice Claudio Fuentes.
El académico agrega que ahora «hay toda una tendencia hacia el ecocentrismo, de buscar en las constituciones un equilibrio entre las especies». «Y eso te lleva a la protección de ecosistemas, te lleva a distribuir poder territorial, marítimo y espacial».
Este debate no sólo es importante por los efectos en el medioambiente sino porque también puede afectar el modelo de desarrollo chileno.
«El modelo chileno tiene que ver con extractivismo y, con una nueva Constitución, eventualmente se le podría poner algunas posiciones como que la empresa se tenga que hacer cargo del equilibrio ecológico; el estándar sube», dice Fuentes.
Quienes han estado a favor de una nueva Constitución en Chile, piden que señale el agua como bien nacional de uso público.Además, se instalará uns fuerte discusión respecto a los derechos del agua. Entre quienes han estado a favor de una nueva Constitución proponen, entre otras cosas, que esta debería garantizar explícitamente que el agua es un bien nacional de uso público.
De acuerdo con las autoras del libro «El negocio del agua: cómo Chile se convirtió en tierra seca» Tania Tamayo y Alejandra Carmona, Chile es uno de los pocos países que tiene una privatización casi completa de sus aguas, tanto en el origen como en la gestión del recurso.
«Hay un debate muy fuerte respecto de si mantener los derechos privados sobre el agua o si debería ser un derecho humano básico y ser público en su totalidad», explica Marcela Ríos.
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