Un numeroso grupo de militares peruanos retirados se manifestó este lunes en Lima contra los resultados de las recientes elecciones presidenciales y en rechazo a la decisión del presidente interino, Francisco Sagasti, de llevar a la Fiscalía una carta donde sugerían en la práctica un golpe de Estado.
Los miembros de las Fuerzas Armadas retirados manifestaron así su descontento ante el rechazo de Sagasti a la misiva que se hizo pública la semana pasada que alentaba a los militares en activo a desconocer al izquierdista Pedro Castillo como ganador de las elecciones, después de que la derechista Keiko Fujimori denunciara sin pruebas un fraude electoral.
La movilización estuvo liderada por el almirante retirado Jorge Montoya, quien el próximo 28 de julio asumirá como el congresista electo más votado para los próximos cinco años y quien ya ha sugerido la posibilidad – no contemplada por la ley – de que el nuevo Congreso convoque elecciones si en el momento que entre en funciones aún no hay un presidente electo proclamado oficialmente.
En ese hipotético escenario planteado por Montoya, él podría convertirse en presidente interino y asumir el poder ejecutivo hasta las nuevas elecciones, al corresponderle de oficio la Presidencia del Congreso por ser el parlamentario con más votos, solo superado por el expresidente Martín Vizcarra, que está inhabilitado.
«No podemos permitir que nos coaccionen dar opiniones y menos hablar libremente. Se han hecho algunas cartas dando nuestra posición política de muchos de los que están acá, y al Gobierno no le ha gustado, y no ha tenido mejor idea que mandarla a la Fiscalía. Eso se llama prepotencia, abuso y coacción», dijo Montoya.
«Ellos son los que están en falta. Todos ustedes tienen todo el derecho a reclamar y expresar lo que desean hacer. No debemos permitir que violen nunca nuestros derechos ciudadanos. Tenemos que estar atentos y salir a reclamar cuando se necesite, de manera pacífica como lo estamos haciendo aquí», agregó megáfono en mano.
«MOMENTOS DIFÍCILES» EN CAMINO
Montoya auguró que «van a venir momentos difíciles» y prometió «mantener la Constitución en alto», en línea con la carta remitida por los militares a Sagasti, donde se apelaba a la Constitución por considerar que Castillo sería un presidente electo ilegítimo.
«La Constitución es nuestra carta fundamental que nos mantiene en paz porque todos tenemos el deber de respetarla, y no vamos a permitir que alguien quiera destrozarla, cambiarla o atacarla», agregó Montoya en referencia a la promesa de Castillo de convocar una Asamblea Constituyente para una nueva Constitución.
En la manifestación también participó el almirante retirado José Cueto, otro electo congresista por Renovación Popular, así como el abogado Ántero Florez-Aráoz, quien fue ministro de Defensa del fallecido expresidente Alan García y primer ministro del efímero expresidente Manuel Merino, que duró cinco días en el cargo.
«Una cosa es no tener derecho a la ‘deliberancia’ para los que están en actividad, pero los que están en retiro tienen todo el derecho a expresarse y manifestarse», afirmó Florez-Aráoz.
La movilización repitió lemas que ya se escucharon en las distintas manifestaciones promovidas por el fujimorismo para denunciar el supuesto fraude como «no al comunismo» y apelativos de «ladrón» dirigidos a Piero Corvetto, jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), encargada del recuento de votos.
SIN EVIDENCIAS DE FRAUDE
Con el escrutinio completo, Castillo supera por 44.058 votos a Fujimori en una ajustada votación donde obtuvo el 50,12 % de los sufragios frente al 49,87 % de su rival.
Sin embargo, Fujimori ha solicitado anular unos 200.000 votos de zonas rurales, andinas y pobres donde Castillo ha ganado de manera abrumadora porque, según su percepción, hay indicios de un fraude sistemático cometido por su rival en las mesas de votación, con firmas falsas entre otras supuestas irregularidades.
Hasta ahora ninguna reclamación ha sido declarada fundada por los jurados electorales, mientras que las misiones de observación electoral han descartado la posibilidad de un fraude al no detectar graves irregularidades, como la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore).