Caracas, 27 Agosto (EL PAÍS).-
El terror se ceba en los barrios pobres de Venezuela. Las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional está en el punto de mira por tomarse la justicia por su mano: acumula centenares de denuncias por supuestas ejecuciones extrajudiciales y una amplia lista de abusos. Los defensores de derechos humanos han alertado de que cualquiera, delincuente o inocente, puede ser ajusticiado sin mediación de tribunales por mero capricho de oficiales. Carmen Arroyo, de 52 años, afirma que el propósito de este escuadrón es mantener el control social. Su único hijo, el barbero Cristián Charris, fue asesinado por los policías en el barrio de Petare, al este de Caracas, en septiembre de 2018. «Ellos decían que había robado a otro oficial días antes, pero él estaba trabajando en la peluquería cuando eso ocurrió. Más de 600 personas firmaron una carta diciendo que mi hijo era honesto», argumenta. Pocos reconocieron a los oficiales, vestían de negro y usaban máscaras, tenían fusiles y sus vehículos carecían de placas.
Michelle Bachelet, la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, escuchó esta historia y otras parecidas cuando estuvo en Venezuela, en junio pasado. “Hablé con la señora Bachelet. Ella se había reunido con el fiscal general, Tarek William Saab, que decía no tener denuncias de ejecuciones extrajudiciales, pero que nosotros le mostramos otra realidad”, recuerda Miriam Gamarra, madre de un joven asesinado por policías en el distrito capitalino de Las Adjuntas.
Su hijo fue arrestado por participar en las protestas antigubernamentales de 2017. Tras ser liberado, el hombre de 21 años no pudo conseguir un empleo. Nadie quería contratarlo por sus antecedentes penales. El 13 de mayo, oficiales de laS FAES entraron a su casa y le preguntaron su nombre, él respondió: «Luis Alfredo Ariza Gamarra». Fue fotografiado en el salón de su vivienda, luego llevado afuera. En la calle, los testigos escucharon un disparo. «Le pusieron un arma, una gorra y dijeron que se trató de un enfrentamiento», añade su madre.
Un total de 6.856 personas han fallecido por «resistencia a la autoridad» entre enero de 2018 y mayo de 2019, según el Ministerio Público. La ONU considera que es un número «inusualmente alto» y concluye que los cuerpos de seguridad son los presuntos responsables de cuantiosas ejecuciones extrajudiciales. En su análisis sugiere disolver a las FAES.
La recomendación ha sido desechada por Nicolás Maduro. El mandatario venezolano gritó a los cuatro vientos todo su apoyo al cuerpo armado en julio, pocos días después de conocerse el contundente informe del equipo encabezado Bachelet. «¡Qué viva las FAES!», exclamó en un acto de graduación de oficiales, donde aprobó unos nueve millones de euros para reforzar la Policía Nacional.