La abogada Evelyn Cossío, representante legal del expresidente del Comité de Autodefensa de la Asociación Departamental de Productores de Coca de La Paz (Adepcoca), César Apaza, informó que su defendido tomó la determinación de ingresar a una huelga de hambre desde el pasado viernes, luego que una autoridad judicial le denegó la acción tutelar presentada para la cesación de la privación de libertad del acusado. Con este actuar exige a las autoridades judiciales el apego al debido proceso y protección a su integridad.
La jurista explicó que esta jornada, Apaza cumple su cuarto día desde que inició con dicha determinación, por lo que su estado de salud «va decayendo».
«Ha tomado una drástica determinación el señor Julio Cesar Apaza el día viernes de la pasada semana a los efectos de acogerse a una huelga de hambre, una medida totalmente drástica que pone en riesgo su salud. Esta determinación ha sido asumida a raíz de que él ve que existe mucha injusticia, no se está actuando con el debido proceso, prácticamente Apaza ya ha pasado por todos los juzgados de la ciudad de La Paz y ninguna de ellas le brinda la protección y la tutela, y esta situación ha tomado esta decisión de que el pueda declararse en huelga de hambre», afirmó.
Cossio explicó que para esta jornada fueron convocados a un desfile identificativo ante las víctimas situación que según la jurista desde el Ministerio Público se pretender someter a este acto para llevar este informe a juicio oral y así buscar la sentencia del dirigente cocalero, al no haber encontrado ninguna prueba por los delitos a los que se lo acusa.
«Para el día de hoy hemos sido convocados a efectos de realizar un desfile identificativo donde se pretende someter al señor César Apaza y a la señora Rosalba Vargas a un desfile ante la supuestas victimas. lo que nos llama la atención, por qué a un año de las investigaciones se pretende hacer este acto investigativo. Bajo esas circunstancias nosotros consideramos que se esta actuando de una forma autoritaria y abusiva, porque Apaza y Rosalba Vargas son dos personas dirigentes cocaleros totalmente conocidos a nivel nacional, y lo que esta haciendo el Ministerio Público al no encontrar elementos que vayan a sustentar una resolución acusatoria, ellos lo que hacen es pretender someter a un desfile identificativo para llevar este informe a juicio oral y así de alguna forma buscar sentencia a Apaza y a Vargas», explicó.
Bajo esas circunstancias desde su defensa recurrieron a un juez de garantías constitucionales, presentándole un incidente de nulidad a este acto.
«A los efectos que se pueda de alguna manera analizar este acto investigativo abusivo y fuera de norma, y se pueda establecer la nulidad a este extremo. Tendría que suspenderse no tendría que desarrollarse tomando en cuenta que si hay una denuncia de nulidad, el mismo puede estar viciada, y en consecuencia conllevaría viciar este proceso. mientras una autoridad jurisdiccional no determine la nulidad de esta situación no se puede dilucidar este tipo de actos», acotó.
Apaza es investigado por la toma violenta y posterior quema del mercado de coca ilegal de Villa El Carmen, en septiembre del 2022, que está liderado por el dirigente afín al MAS, Arnold Alanez. Fue aprehendido, golpeado y la justicia determinó su detención preventiva en la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro, posteriormente fue trasladado a San Pedro.