Luego de la aprehensión del fiscal general del Estado, Roger Mariaca, señalado por EEUU por presuntos vínculos con el narcotráfico, el vicepresidente Edmand Lara afirmó que ninguna persona “está por encima de la ley”, pero remarcó que cualquier detención debe realizarse conforme a la legislación boliviana y respetando el debido proceso.
Mediante un comunicado, la autoridad manifestó que las actuaciones de la Policía deben estar bajo la conducción del Ministerio Público y cuestionó cualquier intervención de agentes extranjeros en territorio nacional al margen de las normas vigentes.
“Ningún agente policial extranjero, sea de la DEA (la agencia antidrogas de EEUU) o de cualquier otra institución, puede ejercer funciones de aprehensión dentro de nuestro territorio al margen de la legislación boliviana, afirmó.
LEE TAMBIÉN: Ministro Blanco asegura que el abastecimiento de combustible se normaliza tras acuerdo con cisterneros
Lara enfatizó que Bolivia cuenta con sus propias instituciones policiales y mecanismos judiciales. Por tanto, cuando una persona sea requerida por la justicia de otro país, corresponde activar los procedimientos establecidos para la cooperación judicial y, cuando corresponda, la extradición.
Asimismo, el vicepresidente también se pronunció sobre la situación actual del Ministerio Público y sostuvo que, ante la ausencia del fiscal general, corresponde que el fiscal interino sea designado de acuerdo con el régimen de suplencias vigente, mientras la Asamblea Legislativa Plurinacional cumple con la elección de un titular mediante dos tercios de votos.
“La institucionalidad debe respetarse: primero la Constitución, después la ley y siempre el Estado de derecho”, finalizó.
LEE TAMBIÉN: Distribuidores de gas anuncian suspensión del reparto de garrafas desde este jueves por alza del diésel
En medio de la polémica por las acusaciones del Gobierno de EEUU contra el fiscal general Mariaca, Lara expresó su rechazo a que autoridades bolivianas sean juzgadas únicamente en función de su inclusión en listas de sancionados por el país del norte.
En un anterior comunicado, sostuvo que una nómina emitida por un Gobierno extranjero no constituye, por sí sola, fundamento para condenar a una autoridad nacional.

