Con la aprobación del Decreto Supremo 5697, el Gobierno dispone la intervención temporal de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) por un periodo de 180 días, debido a deficiencias en sus operaciones. La medida busca fortalecer la cadena logística de importación y distribución de combustibles.
La norma, del 1 de septiembre de 2026, también crea una denominada “Comisión de Intervención Estatal Extraordinaria”, que estará encargada del seguimiento de la gestión de la petrolera estatal durante la vigencia de la intervención.
De acuerdo al segundo artículo de la nueva disposición, el objetivo de la intervención es “proteger los intereses del Estado y recuperar la eficiencia de la gestión operativa y administrativa de YPFB”.
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El arbitraje tendrá una vigencia inicial de 180 días, pero el Ministro de Hidrocarburos y Energías tiene la facultad de emitir una resolución para concluir la medida de manera anticipada y extender el plazo por una sola vez.
Durante la intervención, se buscará obtener información “fidedigna y suficiente” para elaborar un análisis de la cadena logística de importación y distribución de carburantes, establecimiento de volúmenes para las estaciones de servicio y otras modalidades de venta.
El decreto, sin embargo, no implica la supresión de YPFB ni la modificación de su naturaleza jurídica o de su estructura institucional.
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La comisión que encabezará la intervención a la petrolera estatal estará integrada por los ministros o representantes de los ministerios de Economía; Producción; Hidrocarburos; Obras Públicas; y por el Viceministro de Transparencia.
“La Comisión priorizará sus tareas en comercialización, logística y trazabilidad de combustibles, recomendando auditorías técnicas a la cadena logística de importación y distribución de carburantes, orientadas a identificar la red de contrabando, desvío, acopio y otros e individualizar las responsabilidades del personal involucrado”, indica la norma.
Asimismo, podrá recomendar la incorporación de profesionales especializados, consultores, peritos técnicos y personal de auxilio, además de solicitar apoyo de entidades estatales de control y fiscalización.
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La medida autoriza el acceso de la delegación a los procesos de importación, adquisición, almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de combustibles y, en base a ello, formular recomendaciones para corregir deficiencias administrativas, técnicas, financieras, operativas y logísticas.
También podrá evaluar decisiones y operaciones que hayan podido afectar el abastecimiento, la seguridad energética o los recursos del Estado, así como revisar el desempeño de autoridades, ejecutivos, administrativos y personal técnico u operativo de YPFB, y recomendar eventuales destituciones.
El decreto establece además que todas las autoridades y el personal de la compañía petrolera estará obligados a entregar la información requerida por la comisión. El incumplimiento podrá generar responsabilidades administrativas y/o penales.
“La Comisión realizará una evaluación integral y emitirá informe inicial en el plazo máximo de 30 días calendario computables a partir de la publicación de la resolución ministerial”, indica la norma.
En caso de detectar posibles irregularidades, la comisión podrá recomendar auditorías técnico-legales, financieras, administrativas, operativas y logísticas, y remitir la documentación a la Contraloría, el Ministerio Público, la Procuraduría y otras instancias competentes.
La intervención no demandará recursos adicionales del Tesoro General de la Nación (TGN), debido a la política de austeridad, y que cualquier gasto será cubierto con los presupuestos institucionales de las entidades que integran la comisión.