El nuevo comandante general de la Policía, Adrián Javier Álvarez, afirmó que el cumplimiento de los mandamientos aprehensión contra el expresidente del Estado, Evo Morales, figura entre las prioridades de la institución.
Durante una conferencia de prensa, informó que la Policía sostiene reuniones de coordinación para definir las acciones que permitan ejecutar las ordenes de detención que pesan contra la exautoridad y todas las fueron emitidas por las autoridades competentes y todavía quedan pendientes.
“Es una prioridad para la Policía Boliviana el cumplimiento de esta orden de operación y de todas aquellas que sean emanadas por la autoridad competente”, señaló.
LEE TAMBIÉN: Sentencian a 30 años de cárcel a hombre que violó a su propia hija en Tarija
Morales permanece en la región del Trópico de Cochabamba, su principal bastión político, resguardado por seguidores desde octubre de 2024, cuando el Ministerio Público emitió una primera orden de detención dentro de una investigación por trata de personas, relacionado con su supuesta relación con una menor de edad durante su mandato presidencial.
En mayo, un tribunal de Tarija declaró al también dirigente cocalero en rebeldía y dictó una orden de captura ante su ausencia en la apertura del juicio correspondiente.
Posteriormente, la Fiscalía activó una causa penal en su contra por los 53 días de protestas y bloqueos registrados en mayo y junio de este año, medidas de presión que provocaron pérdidas económicas y obstaculizaron el traslado de pacientes hacia centros de salud.
LEE TAMBIÉN: Desfalco al Banco Unión: Juan Pari es condenado a 22 años de carcel en Chonchocoro
La posición del comandante Álvarez contrasta con la de su antecesor, el general Mirko Sokol, quien dejó el cargo de manera intempestiva el lunes y señaló que la captura de Morales no constituía una prioridad para su gestión.
Las declaraciones del entonces jefe nacional de la Policía generaron una reacción del ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, quien afirmó que el órgano Ejecutivo mantiene la detención del exmandatario como una de sus principales prioridades.
En su momento, Sokol también cuestionó la solidez de las pruebas dentro del proceso por trata y tráfico de personas y consideró que la orden de aprehensión relacionada con los bloqueos debía contar con mayores elementos para garantizar su ejecución.

