El ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, reveló este jueves que el Decreto Supremo (DS) 5676, que establece un nuevo régimen en la comercialización de diésel, forma parte de los “condicionamientos” del Fondo Monetario Internacional (FMI) dentro del acuerdo técnico que permitirá acceder a un financiamiento de más de $us 1.900 millones.
Durante una reunión con las asociaciones de municipios del país, en la ciudad de La Paz, la autoridad reconoció que la medida generó el rechazo de algunos sectores, pero remarcó las dificultades que heredó la actual administración y la “asfixia fiscal” que enfrenta el país, principalmente en el sistema de abastecimiento de hidrocarburos.
“Estamos a puertas de concretar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y esto viene atado a muchos otros elementos que han sido decisiones complejas, poco populares y para nada gratas. El Decreto 5676 es uno de los condicionamientos que tenemos de parte del FMI, en cuanto a la liberación de precios de hidrocarburantes”, afirmó.
LEE TAMBIÉN: Fiscalía convoca a declarar al jefe nacional de la Policía por siete delitos
Aramayo señaló que el sistema implementado desde hace dos décadas para la importación, suministro y posterior comercialización de carburantes “no es sostenible”, debido la diferencia entre el costo internacional y el precio final en el mercado interno.
Sumado a ello, mencionó que los elevados niveles de corrupción en el sector hidrocarbufero estatal estaría generando un impacto considerable en las cuentas públicas, que hasta ahora fu cubierto con fondos de las reservas del Estado. “Está desangrando el Tesoro General”, sostuvo.
Tras la promulgación del Decreto Supremo, diferentes sectores del país, principalmente agropecuarios y productivos, expresaron su rechazo a un precio diferenciado del diésel. En el departamento del Beni, productores instalaron un bloqueo en la carretera hacía Santa Cruz.
LEE TAMBIÉN: Sedes La Paz iniciará en septiembre campaña de desparasitación contra la fasciola hepática
Entretanto, el sector agropecuario de Santa Cruz endureció su posición y dio plazo hasta este domingo para que el Gobierno deje sin efecto la norma. Caso contrario, gestionará la convocatoria a una Asamblea de la Cruceñidad para definir medidas de presión.

