Este jueves, el Gobierno inició una reunión con representantes de las asociaciones municipales del país para avanzar en la elaboración de la agenda para la implementación de la política denominada “50/50”, un mecanismo para la redistribución de recursos y competencias entre el órgano Ejecutivo y las regiones.
El encuentro también prevé incorporar y trazar una hoja de ruta para las principales demandas y propuestas de los gobiernos municipales ante el actual contexto nacional.
“Me siento bendecido de estar con ustedes para transformar el Estado. Debe ser la primera vez en la historia de Bolivia que un presidente quiere acabar con el Estado centralista”, declaró el presidente del Estado, Rodrigo Paz, en el inicio del encuentro.
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Indicó que la reunión busca establecer las bases para una agenda común entre el Gobierno y las administraciones municipales, considerando las necesidades que enfrentan y las propuestas que atender las necesidades de la población.
Destacó que su trayectoria como autoridad edil en el departamento de Tarija permitirá avanzar en “las grandes transformaciones” que promueve la administración nacional. «El principio es el 50/50, solo el inicio”, dijo.
Sin embargo, el presidente del de la Federación de Asociación de Municipios de Bolivia (FAM-Bolivia), Johnny Torres, aprovechó su intervención para solicitar la abrogación del Decreto Supremo 5676, que implementa un precio diferenciado para los grandes consumidores de diésel.
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“Por unanimidad, señor presidente, pedimos que se derogue el decreto de imposición de 18 bolivianos por litro a los grandes consumidores”, señaló Torres.
El Decreto Supremo 5676, vigente desde el 16 de agosto, fijo en Bs 18 el litro de diésel para los denominados “grandes consumidores” del carburante, mientras mantuvo en Bs 9,80 por litro el precio para transportistas y particulares.
Anunció que la solicitud fue adoptada en consenso con los presidentes de las Asociaciones Departamentales de Municipios (AMDEs) y representantes del Sistema Asociativo Municipal.
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Torrez adelantó que, además de la agenda 50/50, los municipios incorporarán al debate otros temas de interés, como la reprogramación de las deudas y una devolución progresiva de recursos erogados para cubrir las atribuciones impuestas por el nivel central, como el pago de bonos sociales.