El ministro de Hidrocarburos y Energías, Marcelo Blanco, ratificó la vigencia del Decreto Supremo 5716 – que elimina la subvención al diésel–, pese al anuncio de movilizaciones de sectores sociales que exigen la anulación de la norma y cuestionan las políticas económicas del Gobierno.
Afirmó que las organizaciones tienen derecho a expresas sus reclamos mediante protestas pacíficas, pero advirtió que la administración nacional mantendrá su decisión de retirar, de manera progresiva, la subvención a los combustibles.
“Que marchen, pero el decreto no se abroga”, aseveró la autoridad al fijar la posición oficial frente a las medidas de presión anunciadas.
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Blanco sostuvo que el órgano Ejecutivo mantiene su disposición de dialogar con los sectores sociales que presenten demandas legítimas. Sin embargo, cuestionó a los grupos que –según dijo– utilizan las movilizaciones con objetivo políticos y pretenden desestabilizar al Gobierno.
“Nosotros siempre estamos abiertos al diálogo, pero no con grupos que tratan de derrocar al Gobierno”, sostuvo el ministro.
A su criterio, los sectores que anunciaron protestas sociales buscan conflictos contra el Gobierno son minoritarios o tendría alguna relación con el Movimiento Al Socialismo (MAS). Para respaldar su postura, hizo referencia a los resultados de las últimas elecciones.
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“Más del 75% de los votos, si no más, fue a favor de fuerzas políticas contrarias al anterior Gobierno”, expresó.
Las declaraciones del ministro se producen después que el expresidente Evo Morales y dirigentes del evismo exigieron la abrogación de una serie de normativas que califican de “neoliberales” y anunciaron una movilización desde Patacamaya rumbo a la ciudad de La Paz.
Según Morales, la marcha comenzará este martes 13 de octubre.
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Los sectores movilizados exigen la abrogación del Decreto Supremo 5716 y rechazan las medidas económicas que consideran alineadas con las políticas del Fondo Monetario Internacional (FMI).
La norma, promulgada el 18 de septiembre de 2026, fijó el precio del diésel en Bs 17,95 por litro, incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA), y puso fin al anterior esquema de precio subsidiado.