Ante los incendios forestales que azotan a los departamentos de Tarija, Santa Cruz y Cochabamba, la Defensoría del Pueblo exhortó a los tres niveles del Estado a articular esfuerzos y disponer de recursos humanos, técnicos, logísticos y financieros necesarios para sofocar las emergencias térmicas, con el objetivo de iniciar procesos administrativos, civiles y penales cuando corresponda.
A través de un pronunciamiento oficial, la institución expresó su preocupación por los daños que el fuego podría ocasionar sobre el medio ambiente, el acceso a servicios básicos, alimentación, así como por su impacto en la biodiversidad, los ecosistemas estratégicos y las cuencas hidrográficas.
De acuerdo a un reporte oficial, Bolivia acumula hasta este martes 1.705 focos de calor en siete departamentos, la mayoría se encuentran en Santa Cruz, con más de 1.000 puntos calientes, y Tarija, con una cifra superior a los 100. Ambas regiones enfrentan, cada uno, un incendio forestal.
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Las autoridades movilizaron bomberos, unidades militares, voluntarios y maquinaria pesada para contener la propagación de los incendios, sin embargo, las condiciones climáticas adversas avivan las llamas o generan nuevos puntos activos. En Tarija, dos helicópteros de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) iniciaron operaciones aéreas sobre los sectores más afectados, realizando descargas y trasladando brigadistas a áreas de difícil acceso.
En ese marco, la Defensoría del Pueblo instó al Gobierno central, gobernaciones y municipios a “fortalecer los Centros de Operaciones de Emergencia Departamental (COED) y Municipal (COEM), a través de las Unidades de Gestión de Riesgos, promoviendo una respuesta articulada frente a la situación generada por los incendios forestales”.
También exhortó a “disponer los recursos humanos, técnicos, logísticos y financieros necesarios para las labores de prevención, atención, combate y control de incendios, considerando las áreas protegidas y las comunidades afectadas”.
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Además, solicitó investigar las causas de los incendios forestales y, si el caso lo amerita, activar las acciones administrativas, civiles y penales orientadas a establecer responsabilidades conforme a la normativa vigente.
El pronunciamiento institucional también considera necesario “fortalecer las medidas de prevención y alerta temprana, mediante el monitoreo de focos de calor, el uso de sistemas oficiales de información y vigilancia ambiental, y la implementación de acciones de sensibilización dirigidas a la población”
Por último, recordó que la protección de los ecosistemas y las áreas protegidas constituye una obligación del Estado y un componente fundamental para para garantizar los derechos humanos.
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Recientemente, la Gobernación de Tarija decretó el estado de emergencia ante la propagación del incendio forestal que afecta a municipios de las provincias Méndez y Cercado, y amenaza a varias comunidades, de las cuales algunas ya tuvieron que ser desalojadas.