La Fiscalía de La Paz admitió una nueva denuncia contra dirigentes sindicales y un parlamentario por los más de 50 días de bloqueos, registrados entre mayo y junio. Entre los demandados figura el líder de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, informó el abogado William Sánchez.
Explicó que el proceso penal es promovido por el diputado de Libre, Edgar Zegarra, y ya cuenta con un investigados asignado.
“La denuncia ha sido debidamente admitida y sorteada ya con el investigador”, informó ante los medios de prensa en la ciudad de La Paz.
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Sánchez detalló que los investigados en la nueva causa judicial enfrentan cargos por terrorismo, instigación pública a delinquir y atentados contra la seguridad del transporte.
Precisó que la denuncia alcanza a cinco dirigentes y un representante del órgano Legislativo, entre ellos Argollo; Nilton Condori, senador suplente de la alianza Unidad; Feliciano Vegamonte, dirigente campesino afín al evismo; y Vicente Salazar, exsecretario ejecutivo de la Federación Departamental de Trabajadores Campesinos de La Paz “Tupac Katari” de La Paz.
Este último permanece detenido en la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro, con detención preventiva y, actualmente, fue removido del cargo dentro de la organización campesina.
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El jurista afirmó que el proceso judicial busca evitar intentos de replicar un periodo similar en el departamento de La Paz, ya que los prolongados bloqueos afectaron a la ciudadanía, limitaron el desarrollo de las actividades económicas y agudizaron la crisis económica que enfrenta el país.
“El pueblo paceño no puede ser nuevamente cercado ni secuestrado por estos señores porque la gente quiere trabajar para tener días mejores. El país está sufriendo una crisis y este tipo de actitudes no contribuyen”, argumentó.
La denuncia del diputado de Libre se suma al proceso impulsado por el Comité Cívico Pro Santa Cruz también contra los principales organizadores y promotores de los bloqueos de carreteras, que exigían la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
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De acuerdo con datos de la Fiscalía, 335 personas son investigadas por hechos relacionados con el reciente conflicto social y hasta la fecha, 26 permanecen encarceladas.