Dirigentes del movimiento cívico nacional solicitaron este jueves la creación de una normativa que obligue a los responsables de bloqueos a resarcir los daños económicos ocasionados por el cierre de carreteras y la paralización del tránsito en distintas rutas del país.
El pronunciamiento fue anunciado por el presidente del Comité pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, quien afirmó que las medidas de presión afectan gravemente al aparato productivo, a la propiedad privada y a la infraestructura de los departamentos.
“Exigimos la creación de una ley de resarcimiento económico, que obligue a los responsables de estos bloqueos a reparar los daños provocados”, señala parte del comunicado. La propuesta también incluye la aprobación inmediata de una ley antibloqueos.
Según los dirigentes cívicos, quienes atenten contra el sustento de la población boliviana deben asumir responsabilidad legal y financiera por sus actos. También, pidieron a la Asamblea Legislativa aprobar una ley antibloqueos que tipifique estas acciones como delitos contra la seguridad nacional.
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Los representantes demandaron a las autoridades ejercer mayor control frente a los conflictos sociales, argumentando que los bloqueos generan desabastecimiento, hechos de violencia y afectan a la economía nacional.
El presidente Rodrigo Paz no asistió a la reunión con los cívicos nacionales para analizar la coyuntura y plantear soluciones a la crisis. El ministro de Economía, Gabriel Espinoza, llegó al encuentro en representación del Ejecutivo.
Espinoza aseguró que el mandatario sostuvo una llamada telefónica con los dirigentes para explicar su ausencia. La autoridad reveló además que los 28 días de bloqueos ya provocaron pérdidas superiores a los 500 millones de dólares en exportaciones.