La Fiscalía Departamental de La Paz confirmó la muerte por impacto de arma de fuego de un joven de 24 años durante el operativo denominado “Corredor humanitario de banderas blancas”, ejecutado el sábado para despejar la carretera bloqueada entre La Paz y Oruro, y anunció el inicio de una investigación para esclarecer el caso.
El hecho fue asignado a la comisión de fiscales recientemente creada para atender los casos vinculados al conflicto político y social que atraviesa el país. Según el fiscal departamental Luis Carlos Torrez, el proceso fue abierto de manera inicial por el delito de homicidio.
“Estamos trabajando en el caso, pero sí existe un fallecido y estamos investigando desde el día de ayer (sábado)”, declaró el fiscal a la Agencia de Noticias Fides (ANF).
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La víctima fue identificada como Víctor Cruz Quispe, quien –según los reportes de las organizaciones sociales movilizadas– falleció en inmediaciones de la localidad de Vilaque. En el lugar, efectivos policiales y manifestantes protagonizaron enfrentamientos con el intercambio de piedras, dinamita y agentes químicos.
La Policía, respaldada por unidades militares, desplegó un importante número de efectivos este sábado para despejar la ruta permitir el avance de la caravana institucional. Sin embargo, la resistencia de los bloqueadores –en su mayoría con dinamita– obligó a las autoridades a retroceder y, finalmente, a retornar a la ciudad de La Paz ante la superioridad numérica de manifestantes y los intentos de emboscar a la caravana.
De acuerdo con el certificado forense difundido en redes sociales, Cruz Quispe falleció a consecuencia de un proyectil de arma de fuego. El documento, firmado por el médico forense Edwin Rojas Quiroga, establece que la causa de muerte fue una “fractura de vértebra cervical y sección medular, traumatismo cervical penetrante por proyectil de arma de fuego”.
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El informe también señala que el joven murió en vía pública aproximadamente a las 15:30 horas. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado a la morgue del Hospital de Clínicas de La Paz, donde se realizó la autopsia legal.
Hasta este domingo, el Gobierno no emitió un informe oficial sobre el caso. La noche anterior, el vocero de la Presidencia, José Luis Gálvez, negó la existencia de víctimas fatales durante el operativo y aseguró que las versiones sobre fallecidos eran “noticias falsas” difundidas en redes sociales.
“No hay un solo deceso corroborado, no tenemos ninguna presentación de un acta de defunción, no hay nadie en la morgue, nada”, afirmó Gálvez en entrevista con Bolivia TV, antes de que se conociera públicamente el certificado forense y la apertura de la investigación fiscal.