De manera sorpresiva, la Cámara de Senadores aprobó este domingo un proyecto de ley que plantea la abrogación de la Ley 1341 de Estados de Excepción, promulgada en octubre de 2020. La iniciativa fue remitida a Diputados para su revisión.
La propuesta fue incluida en la agenda de la sesión realizada en la ciudad de Sucre en homenaje del Primer Grito Libertario de América Latina y se tramitó por dispensación de trámite. Fue aprobada en las estaciones en grande y detalle de la entidad legislativa.
Esta ley regula la participación de los militares en un Estado de excepción y también condiciona al órgano Ejecutivo antes de una declaratoria de esta figura constitucional en el país.
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Durante el periodo de debate, algunos senadores pedían la modificación de la norma promulgada y otros legisladores pidieron abrogar todo el texto, al considerar que se busca evitar posibles excesos en la aplicación de medidas excepcionales y preservar garantías constituciones en medio de un conflicto.
“Al abrogar este precedente, estamos limpiando el ordenamiento jurídico, si es necesario normar, lo vamos a hacer con una nueva ley que sea justa y equilibrada manteniendo el blindaje, que no defienda la impunidad y asfixie al pueblo boliviano”, declaró la senadora de Libre, Wanda Medrano.
Finalmente, la iniciativa para anular toda la norma fue respaldada por la mayoría en el pleno legislativo.
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De acuerdo a la Constitución Política del Estado (CPE), el presidente del Estado puede decretar Estado de excepción “en casos de grave peligro para la seguridad del Estado, conflicto interno o desastre natural”.
La aprobación del proyecto de ley surge en medio de un contexto de tensión nacional por las manifestaciones y bloqueo de carreteras de sectores sociales que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz. Las protestas iniciaron hace más de 20 días y afectan, principalmente, a las ciudades de La Paz y El Alto, que comienzan a sentir los efectos del desabastecimiento de alimentos e insumos esenciales para el normal funcionamiento de servicios esenciales.
En medio del conflicto que encara el Gobierno de Paz, diferentes sectores como el Comité Cívico Pro Santa Cruz, gremiales y el transporte pesado solicitaron la declaratoria de Estado de excepción para garantizar la libre transitabilidad y enfrentar los bloqueos.
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Sin embargo, otros sectores políticos y sociales advirtieron que una eventual aplicación de esa figura constitucional podría incrementar la confrontación y derivar en nuevos hechos de violencia.
Si bien varias autoridades nacionales descartaron en varias ocasiones la aplicación de esa figura constitucional para frenar el aumento de la conflictividad en el país, Paz Pereira sostuvo que, si bien se están extremando los esfuerzos para consolidar una mesa de diálogo con los sectores movilizados, “todo tiene su límite”.
Tras la aprobación en la Cámara Alta, el proyecto fue enviado a Diputados, donde deberá ser debatido y votado para definir su futuro legislativo.