En medio de la controversia generada tanto dentro como fuera del país, la bancada de Libre en la Cámara de Diputados expresó su rechazo al proyecto de ley que plantea activar un nuevo periodo de nacionalización de vehículos indocumentados o “chutos” y exhortó a los parlamentarios que promueven la iniciativa a declinar posiciones y respetar la línea del frente político.
La propuesta es impulsada por los legisladores Reinaldo Seas y Armin Lluta, del frente de oposición, bajo el argumento de que la mayoría de estos motorizado circulan en el área rural del país y que su legalización podría generar mayores recursos para el Estado, los cuales podrían ser destinados a salud, educación y financiar proyectos de los gobiernos municipales.
Sin embargo, la diputada y subjefa de bancada de Libre, Lissa Claros, reveló que la organización política decidió reprender, mediante notas formales, a sus colegas y demandar el retiro del proyecto de ley.
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“Nosotros estamos con la firme posición de que no vamos a apoyar un proyecto de estas características. Ya les hemos hecho una llamada de atención a través de una nota que seguramente ya tienen conocimiento. Esperamos que depongan estas actitudes”, afirmó.
Claros calificó de “totalmente ilegal” y “desproporcionado” la propuesta y afirmó que “no toda la gente del área rural está de acuerdo con este tipo de nacionalizaciones que dañan la imagen del Estado boliviano”.
A criterio de la legisladora, el respaldo al proyecto implica reconocer que Bolivia “legaliza lo ilegal”.
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En esa línea, el diputado Germain Caballero indicó que Seas asumió el compromiso de retirar la propuesta legislativa, que no logró avances importantes en el órgano Legislativo.
“El diputado Reinaldo Seas planteó la posibilidad de la nacionalización de los autos indocumentados en el país; sin embargo, el proyecto no ha avanzado y va a ser retirado”, afirmó Caballero en declaraciones a El Deber.
Caballero expresó su desacuerdo con la iniciativa de sus colegas y consideró que el actual contexto nacional no es el adecuado para promover medidas de esa naturaleza.
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Según indicó, una nueva nacionalización de “autos chutos” siempre es blanco de cuestionamientos porque una parte de estos motorizados que ingresan a Bolivia, mayormente de Chile, están relacionados a casos de robo y otras actividades ilícitas.
En ese marco, el diputado expresó que sostuvo una conversación con Seas, donde le sugirió postergar el debate para otro momento. En respuesta, el legislador aceptó retirar la propuesta.
Pese al compromiso de retirar el proyecto de ley, la controversia continua. Los gobernadores de La Paz, Luis Revilla, y Cochabamba, Leonardo Loza, respaldan la medida; pero Juan Pablo Velasco, primera autoridad de Santa Cruz, expuso su abierto rechazo.
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En paralelo, el diputado de Chile, Sebastián Videla, anunció que gestionan ante la Cancillería los mecanismos correspondientes para formalizar una nota expresando su rechazo a una nueva nacionalización en Bolivia y buscan concretar una reunión con el presidente Rodrigo Paz para abordar los riesgos que representa una eventual aprobación del proyecto de ley.
En caso de no encontrar apertura al diálogo, no descartó con recurrir a instancias internacionales para frenar el avance de la iniciativa que calificó como “un incentivo” para el crimen organizado que podría elevar los índices del robo de automóviles en la región.
Una similar advertencia la diputada Claros contra sus los promotores de la iniciativa. Enfatizó que el curul legislativo pertenece al partido político y no a los legisladores, por lo que tienen la obligación de responder a una línea institucional planteada a partir del plan de Gobierno propuesto por Jorge Tuto Quiroga.
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“Nosotros vamos a tomar todas las medidas que sean necesarias. Vamos a ir primero por una por una conversación conciliable dentro de la bancada para posteriormente, se cabe la necesidad, tomar otras determinaciones”, advirtió.
En respuesta el diputado Lluta, quien expresó su confianza en que convencerá al líder de la organización política para que respalde la medida, Claros recordó que el exmandatario siempre expuso una posición negativa ante la posibilidad de legalizar vehículos indocumentados.