La tensión diplomática entre Bolivia y Colombia escaló luego de que el Gobierno de Gustavo Petro decidió expulsar al encargado de la Oficina de la Embajada boliviana en Bogotá, Ariel Percy Molina Pimentel, en respuesta a la salida de la embajadora colombiana en La Paz, Elizabeth García.
La decisión fue anunciada por la Cancillería colombiana mediante un comunicado oficial, en el que se informó la conclusión de funciones del representante boliviano “por reciprocidad”.
“Considerando la reciente decisión adoptada por el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia en relación con la permanencia de la embajadora de Colombia en este Estado y con base en lo dispuesto en el artículo 9 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, se vio precisado a declarar, por reciprocidad, la conclusión de sus funciones al señor Ariel Percy Molina Pimentel”, señala el comunicado del Gobierno colombiano.
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El impase se produjo tras las declaraciones de Petro sobre la situación política y social en Bolivia. El mandatario colombiano afirmó que el país atraviesa una “insurrección popular”, atribuyéndola a lo que calificó como una “soberbia geopolítica”.
El mandatario se refirió a las movilizaciones y bloqueos impulsados por sectores campesinos, la Central Obrera Boliviana (COB) y sectores afines al expresidente Evo Morales, quienes exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
Desde el Gobierno boliviano, Paz cuestionó duramente los dichos de Petro y los calificó como un “ataque a la democracia”. Según afirmó, el presidente colombiano priorizó su afinidad ideológica por encima del respeto institucional y las relaciones entre ambos países.
Comunicado de prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Colombia, considerando la reciente decisión adoptada por el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia. pic.twitter.com/wlR67p88Wt
— Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) May 21, 2026
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En respuesta, la Cancillería de Colombia rechazó cualquier acusación de injerencia en asuntos internos bolivianos y aseguró que ningún funcionario de su Gobierno nacional ha intentado interferir en la situación política interna del país.
“El Ministerio de Relaciones Exteriores enfatiza que no ha mediado por parte de ningún funcionario o miembro del Gobierno nacional el interés o propósito de inmiscuirse en los asuntos internos de Bolivia”, indicó el texto oficial.
Mientras tanto, Petro manifestó la disposición de su administración —que finalizará el próximo 7 de agosto— para colaborar en una salida pacífica a la crisis boliviana. Además, pidió evitar la existencia de “presos políticos” en la región y abogó por una “democracia profunda y multicolor” en América.
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La crisis en Bolivia comenzó semanas atrás por reclamos relacionados con salarios, escasez y calidad de combustibles, además del rechazo a diversas reformas gubernamentales. Con el paso de los días, las protestas derivaron en pedidos de renuncia contra Rodrigo Paz, quien asumió la presidencia hace apenas seis meses.
Las principales movilizaciones y bloqueos se concentran en La Paz y El Alto, donde participan sindicatos, organizaciones campesinas y sectores vinculados a Morales.