El presidente de la Cámara de Diputados, Roberto Castro, observó la convocatoria a una sesión de interpelación contra el ministro de Hidrocarburos y Energías, Marcelo Blanco Quintanilla, al considera que la nueva autoridad apenas asumió el cargo hace una semana.
Este martes, la Asamblea Legislativa anunció la instalación de su séptima sesión ordinaria para este jueves 30 de abril, a las 09:00 horas, en el hemiciclo de la ciudad de La Paz con el objetivo de interpelar al flamante ministro Blanco por la distribución de gasolina de baja calidad
La interpelación estaba dirigida para el exministro Mauricio Medinaceli; no obstante, fue destituido por el presidente del Estado, Rodrigo Paz, el pasado 22 de abril.
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Para Castro Salazar, si bien no existen impedimentos para convocar a la autoridad, su reciente nombramiento impediría obtener respuestas claras y contundentes sobre el conflicto de la calidad del combustible, al considerar su corto periodo al frente de la cartera de Estado.
“En un criterio personal, creo que todavía no sería prudente una interpelación, pero tengo entendido que (la convocatoria) está enmarcándose en la norma (…) Estamos esperando a que la autoridad se empape de su ministerio y bueno…. Yacimientos (Petrolíferos Fiscales Bolivianos) es inmenso”, señaló.
El pasado miércoles, el presidente Rodrigo Paz posesionó a Blanco como ministro de Estado tras la renuncia de Claudia Cronenbold a la presidencia de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), quien advirtió sobre una situación de “deterioro mayor a lo previsto” dentro de la empresa estatal.
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Casi una semana después, la autoridad deberá comparecer ante el pleno de la ALP en medio de una crisis de incertidumbre sobre la calidad de la gasolina, luego de más de dos meses de denuncias sobre la mala calidad del producto.
El Gobierno admitió haber distribuido “gasolina desestabilizada”, pero no se responsabilizó por su origen. Para mitigar las protestas, se activó un seguro de resarcimiento de daños vehiculares atribuidos al carburante defectuoso.
Sin embargo, las demoras en la entrega de la indemnización y las denuncias sobre la continuidad del producto cuestionado en el mercado interno derivaron en movilizaciones y protestas de sectores sociales que exigen soluciones de fondo al Gobierno.