El informe de la comisión especial de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) que realizó una investigación en torno a presuntas irregularidades en la calidad de la gasolina reveló un daño económico al Estado superior a los 200 millones de dólares, según informó el senador del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Wilder Veliz.
En declaraciones de los medios de prensa en La Paz, Veliz manifestó que recibió información preliminar de algunos integrantes de la comisión sobre la detección de la existencia de una presunta red de corrupción que operaba en la cadena de importación y posterior distribución al mercado interno.
“Algunos miembros de la comisión nos han adelantado criterios sobre una corrupción de más de 200 millones de dólares. Estamos esperando los informes de la comisión y, si esto es así, deben rodar cabezas. Ya hay autoridades que fueron destituidas, pero no basta; deben ser investigadas, procesadas y sancionadas”, afirmó.
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El Gobierno del presidente Rodrigo Paz comenzó resolviendo las irregularidades de abastecimiento de combustibles de los últimos dos años de gestión del expresidente Luis Arce, sin embargo, surgieron cuestionamientos sobre su calidad, lo que llevó al entonces presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Yussef Alky, a admitir que se había distribuido gasolina contaminada por residuos de goma y manganeso que se encontraban en los tanques heredados de la gestión anterior.
Ante ello, la petrolera estatal activó un seguro para resarcir los daños en los vehículos que puedan certificar daños por la gasolina y anunció la incorporación de aditivos químicos —antioxidantes y detergentes— para evitar la degradación del combustible. Este procedimiento, sin embargo, generó retrasos en la distribución y ha provocado desde el martes la reaparición de filas en los surtidores de las principales ciudades.
En ese contexto, el senador consideró necesario aplicar medidas cautelares sobre el patrimonio de los presuntos involucrados. “Deben ser investigados, inclusive deben ser embargados sus bienes y posteriormente incautados de manera de que se pueda recuperar todo lo que han robado”, expresó.
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Cuestionó que mientras la ciudadanía enfrentaba problemas por desabastecimiento de combustibles, tuvieron que encarar un escenario de incertidumbre sobre la calidad del producto y, en caso de sufrir fallas en sus vehículos, realizar gastos adicionales en reparación y repuestos, algunos funcionarios aprovecharon para cometer actos de corrupción.
El jueves, la también diputada del PDC, Ximena Arispe, informó la conclusión de las labores de la comisión investigativa y adelantó que existen más de 50 involucrados, con diferentes grados de responsabilidad, en la provisión de gasolina de baja calidad, desestabilizada o “basura”.
“Tenemos mucha documentación fundamental en la que se tiene que investigar, no solamente a las MAEs (Máximas Autoridades Ejecutivas) de estas instituciones, sino también toda la cadena del tema hidrocarburos”, declaró.
Una vez que concluido el análisis el pleno del órgano Legislativo, los integrantes de la comisión esperan que el informe sea remitido al Ministerio Público para el inicio de las investigaciones correspondientes.