La Central Obrera Departamental (COD) de La Paz expresó su rechazo a un eventual cierre de empresas estratégicas del Estado tras la presentación de un informe sobre las condiciones en las que se encuentran 67 compañías del país, y demandó al Gobierno alternativas, ya que algunas financian el pago de beneficios sociales.
“Tenemos claro que hay algunas empresas que aportan a bonos sociales como el Bono Juana Azurduy o el Bono Juancito Pinto. En ese sentido, rechazamos la intención del Gobierno y no lo vamos a permitir”, declaró el secretario ejecutivo de la central departamental, Félix Nina.
El estudio, presentado el martes por el director del ejecutivo de la Oficina para el Fortalecimiento de la Empresa Pública (OFEP), Pablo Camacho, identificó 15 empresas en “quiebra técnica” y con pérdidas que ascienden los Bs 2.655 millones y un patrimonio negativo de Bs 1.901 millones.
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Entre las compañías que presenta una situación financiera critica figuran Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), la Empresa Azucarera San Buenaventura (Easba), Kipus, Papelbol y la Empresa de Servicios Aéreos.
“Suman más de 73.000 millones de bolivianos en créditos dilapidados durante 20 años por empresas que no producen, no compiten y no generan valor”, señaló.
No obstante, el dirigente de la COD La Paz consideró que, si bien existen algunas empresas públicas que no lograron sus objetivos y generan pérdidas millonarias, no permitirán el cierre de compañías estrategias para la explotación de los recursos naturales. Además, sospecha que el Gobierno pretende justificar el inicio de un proceso de privatización en el país.
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“No somos intransigentes. La planta de papa fritas de la ciudad de El Alto, evidentemente, tiene que cerrarse, ese tipo de empresas tienen que cerrarse, pero no podemos hablar de empresas grandes como ENDE, YPFB, Entel, BoA, y empresas dependientes de la Comibol; no podemos entregarlas a las transnacionales”, indicó.
Afirmó que estas empresas -según dijo- tienen potencial para ser autosustentables y sus ingresos contribuyen al financiamiento de programas sociales. En ese marco, indicó que el Gobierno deberá considerar alternativas al cierre o, en el peor de los escenarios, impulsar su rendimiento con recursos públicos.
Asimismo, Nina acusó al órgano Ejecutivo de optar por soluciones cómodas, en lugar de realizar un proyecto de diversificar la matriz productiva, promover la industrialización del país y generar fuentes de empleo.
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“Es fácil hablar de que son deficitarias, pero no ponemos soluciones para reactivar el aparato productivo de nuestro país. Nosotros creemos que la industrialización se puede mejorar la economía del país”, dijo.
A principio de semana, el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, anunció acciones sobre las empresas estatales y afirmó que las compañías que no cumplan con ciertos criterios “van a tener que ser cerradas”.