El presidente de la Cámara de Diputados, Roberto Castro Salazar, informó que el Presupuesto General del Estado (PGE) 2026 reformulado aún no llegó a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para su tratamiento.
“Tienen que remitirlo a la Asamblea, entiendo que talvez hasta hoy ya nos esté llegando, recién nos vamos a enterar de eso”, indicó en conferencia de prensa en la ciudad de La Paz.
El martes, el ministro de Economías, José Gabriel Espinoza presentó el PGE Reformulado para este 2026, en la que prevé un crecimiento económico menor al 1%, un déficit fiscal del 9% y una inflación anual del 14% como parte de un “escenario realista” en un contexto de crisis económica, en el que persiste debido a la falta de dólares que se registra desde inicios del 2023.
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Entre sus principales anuncios, la autoridad precisó que su contenido contempla un presupuesto cercano a los 390.000 millones de bolivianos, con una reducción de más de Bs 4.100 millones en gasto corriente. Asimismo, anunció que el PGE Reformulado será remitido al pleno de la ALP para su respectivo tratamiento.
En ese sentido, Castro Salazar afirmó que el documento será enviado a una de las comisiones legislativa para analizar las modificaciones realizadas al anterior presupuesto y luego remitido al pleno de la Cámara Baja para su consideración.
“Vamos a empezar con la nueva hoja de ruta que hemos generado para construir consensos respecto a esta primera ley (del Ejecutivo), una de las más pesadas”, indicó en referencia a la reciente reunión entre el vicepresidente Edmand Lara y los jefes de bancadas de las organizaciones políticas que componen el órgano Legislativo.
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No obstante, asambleístas de distintas fuerzas cuestionaron el contenido del PGE Reformulado y plantearon que se debe realizar ajustes durante su tratamiento. La senadora de la alianza Unidad, Marcela Guerrero, consideró que el proyecto fue presentado de forma tardía y señaló que no cumple expectativas en materia económica.
Planteó la necesidad de cerrar empresas deficitarias y reorientar recursos hacia sectores productivos, turismo y servicios básicos.
La parlamentaria agregó que el tratamiento deberá darse en un marco de diálogo y consenso entre fuerzas políticas, aunque anticipó un debate técnico sobre el futuro de estas compañias y la estructura del gasto estatal.
Por su parte, el diputado de Libre, Rafael López, lamentó que en el PGE no se especifique el reparto equitativo entre gobierno central y regiones, y advirtió que impulsará una ley específica, si es que el presupuesto no incorpora la esa propuesta.