En una medida sin precedentes, el gobierno de Estados Unidos ha congelado más de USD 2.200 millones en subvenciones federales destinadas a la Universidad de Harvard. La decisión surge tras la negativa de la institución a implementar una serie de reformas exigidas por la administración Trump, que incluyen cambios en políticas de admisión, contratación y financiamiento de grupos estudiantiles.
Entre las demandas del gobierno se encuentran la prohibición del uso de mascarillas en el campus, la eliminación de programas de diversidad, equidad e inclusión (DEI), y la implementación de políticas de admisión basadas exclusivamente en méritos académicos. Además, se exige que la universidad deje de reconocer o financiar a cualquier grupo estudiantil que promueva actividades consideradas ilegales, violentas o de acoso, como el antisemitismo.
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El presidente de Harvard, Alan Garber, respondió a estas demandas calificándolas como una violación a los derechos protegidos por la Primera Enmienda y una extralimitación de la autoridad gubernamental bajo el Título VI, que prohíbe la discriminación en instituciones educativas que reciben fondos federales. Garber afirmó que las universidades privadas no deberían estar sujetas a la imposición de políticas gubernamentales que dicten qué pueden enseñar, a quién pueden admitir o contratar, ni qué áreas de investigación deben priorizar.
La administración ha argumentado que las universidades han permitido que el antisemitismo pase desapercibido en protestas relacionadas con el conflicto entre Israel y Gaza, una acusación que las instituciones han negado. Mientras tanto, otras universidades ya han enfrentado acciones concretas por motivos similares. Es el caso de la Universidad de Columbia, que ha perdido un total de USD 400 millones en financiamiento federal.
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A pesar del congelamiento de fondos, Harvard cuenta con un endowment de USD 53.200 millones, lo que le permite mantener operaciones a corto plazo. Sin embargo, la universidad ha implementado medidas de austeridad, incluyendo una pausa temporal en la contratación de personal y la revisión de proyectos de capital.
Este conflicto ha generado un amplio debate sobre la autonomía universitaria y la influencia del gobierno en las políticas académicas. Figuras como el expresidente Barack Obama han expresado su preocupación, calificando la medida como «ilegal» y una amenaza a la libertad académica. La situación continúa desarrollándose, con posibles implicaciones legales y políticas en el horizonte.