La Cámara de Senadores aprobó la noche de este martes el proyecto de ley que abroga la Ley 1720 de Reconversión de Tierras, pero incorporó dos disposiciones transitorias al texto y devolvió la norma a la Cámara de Diputados para su revisión final. La decisión se tomó tras un debate que se desarrolló en medio de vigilias de marchistas indígenas y campesinos de Pando y Beni instalados en inmediaciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Las modificaciones establecen que, en un plazo máximo de 60 días, ambas cámaras deberán concertar una nueva normativa que defina mecanismos técnicos, administrativos y legales para que la pequeña propiedad agraria acceda de forma voluntaria a beneficios productivos, manteniendo la exclusión de áreas protegidas. La segunda disposición señala que ese proceso deberá contar con la participación de entidades nacionales y departamentales con representatividad y legalidad verificadas.
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El presidente de la Cámara Alta, Diego Ávila, explicó que el objetivo es dar una salida a la situación de la pequeña propiedad agraria. “Tenemos que darle una salida a la pequeña propiedad agraria y eso vamos a concertar en 60 días: una nueva propuesta de ley”, afirmó al justificar los cambios. Ávila cerró la sesión declarando un cuarto intermedio hasta este miércoles a las 09:00 para tratar otros temas.
Durante el debate, algunos legisladores cuestionaron la devolución del proyecto a Diputados. El senador Wilder Véliz advirtió que la decisión podría aumentar la tensión con los sectores movilizados y sostuvo que “es jugar con los marchistas”. Desde la alianza Libre, Branko Marinkovic defendió inicialmente la norma por facilitar el acceso al crédito, pero respaldó su abrogación para reducir la conflictividad. “Es una ley buena para el país y para el campesino, me da pena que se abrogue una ley, pero estoy dispuesto a abrogarla”, dijo.
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Marinkovic anunció además que impulsará una nueva propuesta regionalizada sobre el tema agrario y pidió que cesen las presiones políticas. El proyecto volverá ahora a Diputados, donde los legisladores deberán aceptar o rechazar las modificaciones antes de que la norma sea sancionada y enviada al Ejecutivo para su promulgación.