El expresidente Evo Morales enfrentaba una orden de aprehensión por los delitos de estupro y trata y tráfico de personas, activada por el Ministerio Público de Tarija, sin embargo, horas después, fue desactivada mediante una acción de libertad y luego por presuntas ordenes desde la Fiscalía General del Estado.
El caso se encontraba en etapa preliminar y la víctima era una adolescente de 15 años de edad de una provincia tarijeña, informó la fiscal departamental, Sandra Gutiérrez, quien incluso dijo que ya se había conformado una comisión de fiscales para que comience la investigación y se ejecute la orden de captura contra el exmandatario.
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Sin embargo, una acción de libertad instaurada en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra dejó sin efecto el procedimiento y, luego, se emitió un instructivo desde Sucre donde el fiscal general Juan Lanchipa ordenó “dejar el caso” porque la Fiscalía Especializada en Delitos de Razón de Género y Juvenil se haría cargo de la investigación, indicó Gutiérrez.
Según Gutiérrez, en el documento se le instruyó, además de colaborar con el caso “dejar sin efecto cualquier disposición emitida que contravenga el presente instructivo”, es decir, que disuelva la comisión que ya había designado.
“Si no daba cumplimiento (al instructivo) ya me ha amenazado que se me venían procesos penales, disciplinarios, como así mismo ya han arremetido contra mí persona y se me ha aperturado procesos disciplinarios”, denunció.
Gutiérrez también cuestionó que Lanchipa haya impedido supuestamente el desarrollo de la investigación bajo su jurisdicción en Tarija al emitir el instructivo donde le ordena disolver la comisión de fiscales.
“(La Fiscalía General) ha venido a impedir, a deshacer esta conformación y a parar absolutamente todas las investigaciones que estábamos llevando adelante”, fustigó.
Desde la capital cruceña, el exministro de Gobierno, Carlos Romero, denunció que, tras la marcha de pasados días a la sede de gobierno, comenzó una “sañuda persecución” judicial contra el exmandatario en diferentes regiones del país.
Mencionó, entre los casos, uno en El Alto por instigación pública delinquir, impulsado por Melania Torrico, otro por la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) por daño económico al Estado tras la marcha hacia La Paz y otra de Tarija, con orden de aprehensión, por estupro y trata y tráfico de personas abierto el 26 de septiembre.
Romero calificó como los procesos penales contra Morales como “arbitrarios” por el hecho de haber protagonizado una movilización reclamando demandas económicas por la crisis de combustible y dólares
