La Paz, 12 de mar (Radio Splendid).- Luego de que los resultados de ADN descartaran la paternidad de Waldo Albarracín con la menor, por la cual es procesado; los familiares informaron que el exrector de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), continuará en la clandestinidad hasta que justicia anule la detención domiciliaria y la orden de aprehensión en su contra.
“El Ministerio Público y el juez tienen que garantizar que ya no se lo va a seguir persiguiendo por razones políticas. En cuanto anulen la orden de aprehensión y la resolución de detención domiciliaria, Waldo va a poder estar más tranquilo aquí en Bolivia”, dijo el hijo del exdefensor del Pueblo, Franco Albarracín. Según una nota de El Deber.
Asimismo, anunció que solicitarán el resarcimiento de daños económicos, psicológicos y morales para Waldo Albarracín. En caso de no realizarse, indicaron que iniciaran proceso en contra de la denunciante y las autoridades que se prestaron a “este juego”.
“Ellos deben pedir disculpas públicas, reparar la imagen de Waldo que ha sido desprestigiada durante todo un año”, y cubrir lo que durante todo este tiempo “hemos gastado en abogados, memoriales y transporte. Waldo se tuvo que salir del país”, añadió.
En la noche del pasado viernes, los resultados de Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) demostraron que el exdefensor del Pueblo, Waldo Albarracín, no es el padre de la menor por la cual es procesado.
Luego de que salieran los resultados; el director de esa entidad dependiente del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, Aldo Torres, anunció la suspensión del patrocinio de la Dirección de Servicios Integrales de Justicia Plurinacional a la denunciante, el cual era gratuito.
En el mes de marzo de 2021, una mujer denunció que tuvo una hija con Albarracín y que él las había abandonado. El acusado negó estas acusaciones e incluso estaba dispuesto a someterse a cualquier prueba para demostrar su inocencia.
Esta denuncia llegó hasta la Fiscalía de La Paz y empezó el proceso contra Albarracín por los delitos de abandono y por no pagar las pensiones. En el mes de marzo de este año, la Justicia determinó la detención domiciliaria y el arraigo del exrector.
