La Paz, 1 oct (Radio Splendid).- La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), a través de un comunicado institucional, demandó este viernes la suspensión del tratamiento del Proyecto de Ley contra la legitimación de ganancias ilícitas, y la apertura de un espacio de diálogo entre los actores involucrados, “a fin de adecuar esta norma a la supremacía de la Constitución Política del Estado”.
La entidad alertó sobre serias falencias e impactos de esta Ley para el desarrollo de la actividad productiva y la vida ciudadana, y consideró que la norma “contiene artículos que afectan derechos y garantías constitucionales y, debido a la ambigüedad e imprecisiones de su redacción, pone en indefensión a los ciudadanos, empresarios y emprendedores, que han obtenido sus bienes, invertido y creado riqueza, con honestidad, trabajo duro y apegados a la legalidad”.
El pasado 17 de septiembre, la Cámara de Diputados aprobó el Proyecto de Ley y fue enviado a la Cámara de Senadores, que aún no ha agendado su tratamiento.
Al respecto la CEPB considera que la adecuación normativa a acuerdos y tratados internacionales para combatir el lavado de dinero o el financiamiento al terrorismo, “no puede justificar el menoscabo a derechos fundamentales como la presunción de inocencia, la privacidad, el secreto profesional, la libertad de prensa, la protección de datos personales y el derecho que tiene todo boliviano a dedicarse a una actividad lícita sin ser sometido a escrutinios arbitrarios, con el temor de ser acusado, procesado y perseguido por simple sospecha, encono personal o mala fe”.
A partir de la aprobación del Proyecto en la Cámara de Diputados, varios sectores como las asociaciones de prensa, gremiales, médicos, maestros, empresarios e iglesias han expresado públicamente su desacuerdo con algunos aspectos del su contenido.
Los empresarios señalan que las leyes se construyen en base al consenso, derivado de un diálogo honesto y transparente, adquieren mayor legitimidad y redundan en beneficio de la ciudadanía, es por eso que solicitan «la suspensión del tratamiento del Proyecto de Ley 218/2020 – 2021 y la apertura de un espacio de diálogo entre los actores que estamos involucrados, a fin de adecuar esta norma a la supremacía de la Constitución Política del Estado», menciona.