Santiago de Chile, 25 Nov (EL PAÍS).- El Gobierno del presidente Sebastián Piñera que bate un récord de impopularidad desde el retorno a la democracia, con un 12% de apoyo no logra reestablecer el orden público en Chile. Ni las medidas sociales que ha impulsado en estos casi 40 días de emergencia ni la decisión de prácticamente la totalidad de la clase política de avanzar en una nueva Constitución han logrado detener la violencia. El clima de desorden amenaza las salidas políticas a la crisis.
Acusada de unos mil casos de abuso, según cifras de la Fiscalía, la policía parece sobrepasada en jornadas como la del jueves pasado, donde se produjeron batallas entre manifestantes y Carabineros y escenas de destrucción de infraestructura pública y privada. Ocurrió en diferentes ciudades del país, como Santiago, Valparaíso o Coquimbo, donde grupos violentos incluso quemaron dependencias de un hospital público. En 86 eventos graves, de acuerdo a los números oficiales, fueron detenidas 767 personas.
Piñera busca apoyos contra el reloj para intentar darle una salida a la crisis que estalló el pasado 18 de octubre y que ha dejado 23 muertos en distintos hechos de violencia que están siendo investigados (incendios, atropellos y al menos cinco por acción de agentes del Estado). Este lunes, el mandatario convocó al presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, a los líderes del Senado y de la Cámara de Diputados, Jaime Quintana e Iván Flores, respectivamente, junto al fiscal nacional, Jorge Abott.
El domingo, Piñera hizo un nuevo llamamiento a un «acuerdo por la paz, por la democracia y contra la violencia» que comprometa a las policías, los fiscales, jueces, el Gobierno, el Congreso y la ciudadanía. Y anunció que 4.354 carabineros más saldrán a las calles en los próximos 60 días, por el reintegro de personal en retiro y el anticipo de egresos de policías en formación. Junto con indicar que la policía uniformada recibirá «asesoría profesional» de sus pares de Inglaterra, Francia y España, anunció el envío al Parlamento de un proyecto de ley que posibilitaría sacar a las calles a militares para resguardar infraestructura crítica sin la necesidad de decretar Estado de Excepción ni restringir las libertades de los ciudadanos.
«Permitiría a nuestras Fuerzas Armadas colaborar en la protección de nuestra infraestructura crítica, incluyendo servicios públicos esenciales e infraestructura policial», dijo Piñera. De acuerdo a la información oficial, 2.171 policías han sido lesionados y 154 cuarteles atacados en estas semanas de protesta, sin contar los ataques a dependencias militares.
El control del orden público parece un asunto central en estas horas delicadas que vive la política chilena. El sábado, el diplomático socialista Juan Gabriel Valdés, embajador en Estados Unidos de la segunda administración de Michelle Bachelet (2014-2018), a través de una carta pública indicó: «Ya no basta con condenar y menos aún empatar verbalmente la violencia de carabineros y la de los delincuentes quemando hospitales, iglesias y museos. Se requiere que los que tienen cargos dirigentes actúen con urgencia, antes de que el desvarío de los vándalos y el fascismo nostálgico de Pinochet ocupan la escena». De acuerdo a Valdés, «cada día que pasa» Chile se acerca «más a un colapso total del orden público que solo puede acabar en un golpe militar o al menos en que el poder caiga en los militares, aunque ellos no lo quieran».
A la misma hora que el Piñera se reunía en La Moneda con los principales líderes de Estado, grupos de estudiantes del centro de Santiago entraban en masa a estaciones de metro sin pagar evasiones, se les llama en Chile, como sucedió en las primeras horas de la protesta que desencadenó el estallido. En tanto, la coordinadora Unidad Social –que agrupa a unas 200 organizaciones sociales, sindicales, de la educación secundaria y universitaria y de la salud– hizo un nuevo llamamiento a una huelga general para este lunes y martes. En la anterior convocatoria, el 12 de noviembre pasado, las concentraciones fueron seguidas por una de las jornadas de mayor violencia. Fue uno de los momentos más delicados de la democracia chilena en las últimas décadas.