Varios militares venezolanos fallecieron en el estado de Apure, fronterizo con Colombia, en el que combaten desde el 21 de marzo a un grupo que varias organizaciones identifican como disidentes de las FARC, informó este lunes la Fuerza Armada sin precisar cuántos uniformados han muerto.
“Fallecieron algunos de nuestros efectivos, cuyos cuerpos están siendo identificados mediante la necropsia correspondiente. Así mismo, otros resultaron heridos y reciben la debida atención médica”, reza un comunicado de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).
El comunicado no detalla el número de efectivos fallecidos o heridos, ni si murieron en un combate planificado en una operación militar, una emboscada o por el uso de minas antipersona, cuyo uso han denunciado fuentes oficiales y castrenses.
Tampoco aclaran a qué grupo armado se enfrentan, una información que no han hecho pública pese a que los combates comenzaron hace más de un mes y a que fuentes militares han publicado fotografías de uniformes incautados con las siglas y logos de la antigua guerrilla de las FARC.
El documento también dice que los militares han “infligido un importante número de bajas” entre sus rivales, “logrando la destrucción de instalaciones temporales que pretendían usar para sus actividades delictivas”, pero tampoco determina cuántos han perdido la vida.
De igual modo, explica que “fueron capturados varios sujetos que están aportando valiosa información de cara a próximas acciones”.
Las autoridades reportaron, el pasado 5 de abril, la muerte de ocho militares y nueve “terroristas” en los enfrentamientos, bajas registradas desde el 21 de marzo hasta esa fecha, a los que se suman los fallecidos en los últimos tres días, cuyo número se desconoce.
Los últimos combates, agrega la información, comenzaron hace 72 horas, aunque hasta el momento no habían publicado ninguna información al respecto, y se han desarrollado “en sectores despoblados” cercanos al caserío La Victoria, que forma parte del municipio Páez en el estado Apure.
El comunicado coincide con la publicación de un informe de Human Rights Watch (HRW), en el que acusa a las fuerzas de seguridad venezolanas de las ejecuciones extrajudiciales de al menos cuatro civiles, de detenciones arbitrarias y de torturas, entre otros “abusos aberrantes” contra la población de Apure en el marco de los combates fronterizos.
La organización pidió investigar el tema a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) y la Misión de la ONU de Determinación de los Hechos para Venezuela.
“Las atrocidades cometidas contra residentes de Apure no son incidentes aislados por agentes insubordinados, sino que son consistentes con los abusos sistemáticos de las fuerzas de seguridad de (el presidente Nicolás) Maduro”, dijo el director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, citado en el informe.
Hasta el momento y debido a los enfrentamientos, cerca de 6.000 personas han abandonado la zona y se han desplazado de manera forzosa al vecino municipio colombiano de Arauquita, ubicado a orillas del río Arauca que marca la frontera entre los dos países.