El viceministro de Políticas de Industrialización Sostenible, Gustavo Jáuregui, descartó que el Gobierno esté impulsando la privatización de las empresas públicas y aseguró que en ningún momento el Ejecutivo ha planteado esa figura. Esto tras la promulgación del Decreto Supremo 5727, donde el Gobierno declaró como prioridad del Órgano Ejecutivo la reorganización, disolución y/o liquidación de las empresas públicas del nivel central del Estado.
La autoridad señalo que el trabajo actual está enfocado en buscar la viabilidad de las firmas estatales, que fueron recibidas con un alto nivel de endeudamiento y baja capacidad productiva, por lo que se coordina con ellas para mejorar su producción a mediano y largo plazo.
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Explicó que el modelo promovido desde su ministerio contempla alianzas público-privadas y comunitario-productivas, donde el Estado mantiene participación en la propiedad, pero se asocia con el sector privado y con los sectores comunitarios que proveen materia prima, especialmente en las empresas de desarrollo productivo.
Sobre el procedimiento, indicó que la Oficina de Fortalecimiento de la Empresa Pública (OFEP) entregó su diagnóstico dentro del plazo legal y que ahora el informe deberá ser evaluado por el Consejo Superior Estratégico de las Empresas Públicas (Cossep), instancia establecida por la Ley 466, junto a los ministerios que tienen empresas bajo su tuición.
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Jáuregui remarcó que existe un decreto supremo que fija plazos y procedimientos para asumir determinaciones y que todas las acciones, incluida la reducción de ministerios y del aparato estatal, apuntan a corregir el déficit fiscal heredado desde 2014, que promedia más del 8% del Producto Interno Bruto.