La Paz, 13 de jun (Radio Splendid).- Los abogados defensores de la expresidenta, Jeanine Áñez, manifestaron este lunes que el proceso contra la exmandataria fue ilegal. Esto tras vulnerar el derecho a la exautoridad a ser procesada mediante el juicio de responsabilidades.
“Se le ha vulnerado el derecho a ser procesada mediante el juicio de responsabilidades, es la vulneración más grave.”, dijo uno de los abogados de Añez mediante una conferencia de prensa.
Asimismo, aseguraron en durante el proceso por el caso “Golpe de Estado II” era “evidente la injerencia (política) a lo largo del proceso” y que la decisión de llevar la audiencia mediante la vía ordinaria fue una “decisión política”.
“Es proceso fue por una decisión política, ha sido un juicio político, creo que toda la ciudadanía tiene conocimiento de ello.”, manifestó
El expresidente del Estado, Evo Morales, confesó el pasado domingo que el juicio por la vía ordinaria contra la expresidenta Jeanine Áñez fue una decisión tomada entre el presidente Luis Arce, el vicepresidente David Choquehuanca, él y la cúpula del partido del Movimiento al Socialismo, tras no tener los dos tercios en la Asamblea Legislativa.
“En una reunión convocada por el hermano Lucho (Luis) Arce, estaba David Choquehuanca, vicepresidente; Iván Lima, la ministra de la Presidencia (María Nela Prada), el Pacto de Unidad, jefes de bancada, senadores, diputados, presidentes de las cámaras. Coincidimos que debe ser juicio ordinario y no juicio de responsabilidades”, dijo Morales durante una entrevista para Kawsachun Coca.
Ante ello, Carolina Ribera, hija de la exmandataria, indicó que el juicio contra su madre fue ilegal de “principio a fin”.
“Este ha sido un proceso ilegal de principio a fin. Le han negado todos los derechos a mi madre. El único acusado de incumplimiento de deberes y delitos en contra de la constitución esta libre haciendo política.”, manifestó.
El pasado viernes, Jeanine Áñez fue sentenciada a 10 años de prisión por el caso “Golpe de Estado II”. Los delitos por los que se le acusa son por resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado y a las Leyes durante los conflictos en 2019, tras la renuncia de Evo Morales a la presidencia.