La Defensoría del Pueblo exige al Gobierno boliviano la reparación de los daños a las víctimas del caso Senkata, tras conocerse la disposición de la justicia que benefició al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, el exlíder Cívico Marco Antonio Pumari y a la expresidenta de Bolivia, Jeanine Añez.
«(…) la Defensoría del Pueblo expresa su extrema preocupación por las recientes determinaciones de la justicia boliviana en relación a las víctimas del caso Senkata, que refieren la anulación de obrados hasta fojas 2 de los antecedentes; considerando que la causa penal inició el 19 de noviembre de 2019, a la fecha, habrían transcurrido más de cinco años desde el inicio de la investigación penal».
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El documento descubre la vulneración de derechos humanos en los hechos del 2019, además detalla que se debe investigar de manera “seria, efectiva, exhaustiva”, con el debido respeto a las víctimas y su derecho a la tutela judicial. El escrito hace referencia a un informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que señala lo mencionado.
En este contexto el pronunciamiento adhiere que, «(…) familiares y víctimas de Senkata hicieron conocer su profunda preocupación por las recientes determinaciones judiciales (en favor a Camacho, Pumari y Añez)».
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Recordemos que el 25 de agosto, el Tribunal de Sentencia Nº 4 de El Alto anuló este lunes el proceso penal del caso ‘Senkata’, en el que los jueces se declararon incompetentes para seguir procesando a 18 acusados, entre ellos la expresidenta Jeanine Áñez, también realizó mandamientos de libertad para los detenidos preventivos y domiciliarios mientras que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), instruyó verificar los plazos de las detenciones preventivas en las cárceles del país.