Dirigentes afines al expresidente del Estado, Evo Morales, desconocieron al exdirigente minero de Cochabamba, Alain Torrico, aprehendido en Quillacollo y acusado por el Gobierno de coordinar presuntas movilizaciones y acciones violentas con el exmandatario y otros dirigentes en noviembre.
Feliciano Vegamonte, representante de la de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) afín a Morales, reconoció que Torrico tuvo anteriormente relación con el sector, pero aseguró que posteriormente se distanció y pasó a vincularse con el oficialismo.
Según dijo, el ahora investigado habría terminado formando parte de la Coordinadora Nacional por la Patria (Conalpa), encabezada en Cochabamba por Ramón Daza.
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“Alain Torrico sí en su momento era de nosotros, coordinaba con nosotros, pero después ya él estaba más al lado del Gobierno”, afirmó.
El pronunciamiento del evismo surge tras la presentación oficial de un supuesto esquema de comunicaciones y conexiones entre Torrico Flores, su hermano Saúl y Morales. La investigación también alcanza a Vegamonte y al gobernador de Cochabamba, Leonardo Loza.
En rueda de prensa, la noche del jueves, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, afirmó que Torrico reportaba al exmandatario sobre preparativos para generar violencia durante las protestas previstas para noviembre y que habría recibido instrucciones para organizar acciones violentas.
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Alain y Saul fueron aprehendidos durante una intervención policial en una vivienda del municipio de Quillacollo, donde los agentes encontraron armas de fuego, dinamita y otros materiales explosivos, además de restos óseos que, según las primeras pesquisas, pertenecerían a una mujer.
Oviedo calificó los hechos como parte de una supuesta operación de carácter “narcoterrorista” y aseguró que las movilizaciones anunciadas no tendrían un propósito pacífico.
Por su parte, la Fiscalía anunció la apertura de dos investigaciones contra los hermanos: una elacionada con la tenencia, portación ilícita y fabricación de explosivos; y la segunda enfocada en esclarecer el hallazgo de los restos humanos y determinar las causas de muerte de la víctima.
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De acuerdo a los informes del caso, Torrico tuvo antecedentes de participación en organizaciones cooperativistas mineras de Ayopaya y Cochabamba y expresó públicamente su respaldo a Morales. En 2024 anunció la incorporación de más de 200 mineros a la seguridad del expresidente y, durante las movilizaciones de 2025, manifestó su apoyo a las protestas contra el Gobierno de Luis Arce.
Por su parte, Vicente Choque sostuvo que el exdirigente debe responder de manera individual por cualquier delito que se le atribuya y negó que las organizaciones sociales tengan responsabilidad o relación con los hechos investigados.
Tanto Vegamonte como Choque denunciaron que el Gobierno instrumentaliza la justicia para perseguir a los sectores afines a Morales. Asimismo, alertaron sobre una supuesta vigilancia policial a dirigentes del Trópico de Cochabamba y advirtieron sobre posibles detenciones y la presentación de pruebas falsas.
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Finalmente, calificaron las acusaciones como una presunta “cortina de humo” para desviar la atención de los audios relacionados con el caso del consultor político, Fernando Cerimedo.