La Fiscalía emitió la resolución de imputación formal contra Edmundo Novillo, exministro de Defensa del Gobierno de Luis Arce, por irregularidades en la adquisición de 13 radares franceses. El proceso investiga un posible daño económico al Estado superior a Bs 1.478 millones y alcanza a exautoridades de la cartera de Estado de tres administraciones.
De acuerdo al documento oficial, el Ministerio Público atribuye a la exautoridad los presuntos delitos de contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica e incumplimiento de deberes.
“Toda vez que se cuenta con los suficientes indicios, siendo previsible para este momento y concurriendo riesgos procesales es que se solicita la detención preventiva de Edmundo Novillo, en el centro penitenciario de San Pedro”, indica la imputación.
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El exministro Novillo fue aprehendido tras comparecer ante los investigadores en La Paz y posteriormente trasladado a celdas policiales. “Yo soy inocente, he presentado todos mis descargos, tanto legales como también documentales”, declaró al momento de calificar de “injusta” la detención.
La denuncia fue presentada el 15 de octubre por el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, con respaldo de la Procuraduría General del Estado. El proceso está relacionado con el proceso de licitación y ejecución del Sistema Integrado de Defensa Aérea y Control de Tránsito Aéreo (Sidacta), contratado en 2016 con la empresa francesa Thales Air Systems por más de 191 millones de euros.
El proyecto, que inició en 2016 durante el Gobierno de Evo Morales, contemplaba siete radares militares y seis civiles, centros de control, comunicaciones, infraestructura y transferencia tecnológica. Una auditoria interna identificó diferencias entre las estipulaciones del contrato y las condiciones de funcionamiento de los equipos.
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Informes del proceso señalan que el contrato fue adjudicado por 191,07 millones de euros a la empresa francesa Thales Air Systems SAS, perteneciente al grupo multinacional Thales. Justiniano afirmó que el acuerdo no contempla la compra de aparatos aislados, sino la entrega de un sistema integral en condiciones operativas.
Según la revisión técnica, solo dos de los 13 radares funcionaban sin observaciones. Otros nueve presentaban reparos y dos estaban fuera de servicio. Asimismo, el contrato establecía un plazo inicial de 31 meses, pero siete modificaciones lo extendieron a 82
La demostración final se desarrolló a los 98 meses, situación atribuida por la Procuraduría a una alteración de plazos, garantías, obligaciones y procesos de recepción. Ante ello, el Gobierno presentó una acción contra 19 personas, entre exministros, antiguos servidores públicos, responsables técnicos y representantes de la empresa proveedora.
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Entre los sindicados figuran Reymi Ferreira y Javier Zavaleta, ministros de Morales, Luis Fernando López, de la gestión de Jeanine Áñez, y Novillo.