El Viceministerio de Transparencia informó este martes la presentación de una denuncia penal contra el expresidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Guillermo Acha, y otras seis exautoridades por un presunto daño económico superior a los Bs 17 millones vinculado con la construcción, equipamiento y mantenimiento de la ‘Casa Ejecutiva’ de la petrolera estatal.
El proyecto, ejecutado entre 2014 y 2015 –durante el Gobierno de Evo Morales– para alojar a directores y altos ejecutivos de YPFB en Santa Cruz, recibió una asignación millonaria, pero carece de justificación técnica, económica y social, e incluyeron bienes considerados ostentosos, afirmó el viceministro Yamil García.
“En vez de ser una infraestructura que esté al servicio de la sociedad, hemos observado que muchos de estos gastos, más que corresponder a una institución pública, parecerían ser de un hotel de lujo, un hotel de cinco estrellas”, declaró en conferencia de prensa.
Entre los gastos observados durante el desarrollo del proyecto figura la adquisición televisores, equipos de sonido para cada uno de los dormitorios, muebles de diseño, cuadros de autor, equipos de comunicación similares los utilizados para karaoke, equipamiento de cocina y otros artículos. También señaló desembolsos para seguridad, vigilancia, mobiliario y ambientación.
García destacó la compra de cuatro parlantes para los jardines, cuyo valor individual asciende a los $us 500 dólares. Por sus características, sospecha que posiblemente fueron empleados para fiestas.
De acuerdo al informe, la infraestructura costó aproximadamente Bs 2,5 millones, el mantenimiento superó los Bs 120.000 y el equipamiento representó más de Bs 14 millones.
La autoridad explicó que el proyecto tenía como propósito disponer de unas instalaciones para alojar directivos y ejecutivos, en lugar de contratar servicios en hoteles. Sin embargo, sostuvo que la justificación no sustenta la magnitud de los gastos erogados.
Ante esta situación, el viceministerio decidió formalizar una denuncia contra exautoridades de YPFB por presuntos delitos de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes.
“Nosotros esperamos que las autoridades a cargo puedan emitir las directrices necesarias para que puedan comparecer estas siete exautoridades que han sido denunciadas”, afirmó.
Durante la conferencia, García reveló el proyecto, de manera inicial, no figuraba en el Plan Operativo Anual (POA) de YPFB, sino que fue incorporado por instrucciones de la Presidencia Ejecutiva.
Precisó que las observaciones no están dirigidas a posibles fallas de construcción o ingeniería, sino a la decisión de financiar una infraestructura de esas características y al equipamiento adquirido.
