Luego de dos semanas de negociaciones, el Gobierno y la Confederación Sindical de Choferes acordaron un aumento de hasta el 35% en las tarifas del transporte interdepartamental. La nueva escala de precios estará vigente hasta obtener los resultados de un estudio técnico para definir los costos oficiales tras la eliminación de la subvención al diésel.
“Hemos sido sinceros, la suba (aumento) era inevitable, pero estamos viendo lo que afecte menos al bolsillo de la gente (…) No solo de trata de un incremento, hay un plan de trabajo”, afirmó el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, en conferencia de prensa.
La autoridad destacó la posición de la dirigencia del transporte sindical de dejar de lado sus demandas para amortiguar el impacto en la economía de las familias bolivianas. “La población tiene que saber que nuestros transportistas han sacrificado sus peticiones para cuidar el bolsillo de la gente”, dijo.
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A su turno, el director de la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT), Carlos Ágreda, explicó que el acuerdo no determinó “un precio definitivo único”, sino una banda con tarifas cuyo límite inferior será el costo vigente y el tope superior contempla un aumento del 35%.
“No se ha fijado un precio definitivo único, sino se ha fijado una banda con un precio tope que se va a incrementar hasta el 35% y un precio mínimo en el que se va a mantener el precio mínimo actual vigente”, indicó.
Sostuvo que la modalidad “permite reconocer la situación de los diferentes departamentos, que no necesariamente son los mismos, y permite reconocer también el estado de situación de mercados”.
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Otros puntos clave del acuerdo contempla la contratación de una consultora independiente que realizará una evaluación técnica en un periodo de 60 días para determinar “la verdadera tarifa”. “No hacerlo al cálculo, a la antigua, a ojo de buen cubero, ahora se van a hacer estudios técnicos reales”, aseveró Zamora.
De igual forma, el compromiso abarca también temas impositivos y de infraestructura, avances en materia arancelaria y renovación del parque automotor, además de controles estrictos en las terminales terrestres del país para velar por el cumplimiento de descansos, inspecciones técnicas y seguros obligatorios.
Por su parte, el secretario ejecutivo de la Confederación Nacional de Choferes, Lucio Gómez, indicó que el acuerdo responde a una etapa de transición mientras se consolida el cálculo definitivo. “Tiene que ser a la brevedad posible”, manifestó.
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Destacó las conversaciones con el órgano Ejecutivo como una regulación formal tras más de una década sin variaciones, aunque reconoció que la tarifa transitoria no satisface por completo las demandas iniciales del sector. Sin embargo, aceptaron la medida de forma temporal para evitar perjuicios mayores a la población.
“Esto no queda acá. Si no tenemos una propuesta de continuar trabajando en este tema para tener un nuevo pasaje legalmente constituido con un estudio técnico que va a valorar todo lo que concierne a un estudio, eso tiene que ser a la brevedad posible para tener, después de 14 años, tener un pasaje justo como mínimo y máximo”, manifestó.
La dirigencia del transporte sindicalizado y representantes de la ATT, en representación del Gobierno, comenzaron las negociaciones para definir una escala tarifaria temporal en los pasajes del transporte interdepartamental tras la eliminación de la subvención al diésel.
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El órgano Ejecutivo planteó, en un inicio, un aumento del 15%, mientras que la confederación de choferes solicitaba un 45%. Durante los encuentros se barajaron diferentes cifras entre el 20% y 25%, las cuales eran rechazadas por el sector.