El Ministerio Público emitió una resolución de imputación formal contra Armando Rojas Toledo, excoordinador operativo de la Fiscalía Departamental de La Paz por sus presuntos vínculos con una organización criminal encabezada por el exfiscal general del Estado, Roger Mariaca. En el documento solicita seis meses de detención preventiva en el penal de San Pedro de Oruro.
La imputación fue presentada el 14 de octubre ante el Juzgado Quinto de Instrucción Penal Cautelar, Anticorrupción y Violencia contra la Mujer de La Paz, dentro de una investigación por los delitos de tráfico de sustancias controladas y organización criminal, en la que también figuran Mariaca Montenegro y otros altos funcionarios del Ministerio Público.
Según las primeras hipótesis de los investigadores, Rojas era considerado como un funcionario de confianza que mantenía comunicación con el exfiscal general y Martín Irusta, también mencionado en las pesquisas. La Fiscalía sospecha que el excoordinador cumplía funciones de recaudación de dinero en La Paz para la presunta estructura señalada por brindar protección a actividades relacionadas con el narcotráfico.
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Sin embargo, parte de los indicios sobre las supuestas actividades provienen de publicaciones en redes sociales e informes de patrullaje cibernético, elementos que deberán ser corroborados durante la investigación.
Rojas fue aprehendido la tarde del martes durante un operativo policial en la zona Belén de la ciudad de La Paz. Posteriormente, efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) allanaron su domicilio, donde secuestraron cuatro teléfonos celulares, cuatro memorias USB, documentación patrimonial, tres credenciales, una memoria de cámara fotográfica y una llave de vehículo.
Entre los elementos encontrados también figuran recibos por Bs 140.000 y documentos relacionados con propiedades inmobiliarias, elementos que serán verificados para descartar o confirmar relación con movimientos económicos, presuntos cobros irregulares o comunicaciones entre los investigados.
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Otro aspecto incluido en la imputación es la ausencia del equipo DVR que almacenaba las imágenes de las cámaras de seguridad de la vivienda. Durante el allanamiento, según el informe policial, los efectivos observaron a una persona que transportaba seis bidones azules de aproximadamente 60 litros de combustible en un vehículo particular.
El conductor manifestó que fue contratado para actividades de traslado y que desconocía su contenido de los objetivos. Asimismo, declaró que otra persona colocó dentro del motorizado un equipo DVR. EL sujeto quedó identificado como personal de confianza de Rojas.
El caso forma parte de una pesquisa más amplia sobre una presunta estructura de protección institucional que habría operado entre 2023 y 2024 para favorecer al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset y permitirle eludir operativos policiales.
De acuerdo con la Fiscalía, Marset habría efectuado pagos de hasta 500.000 dólares mensuales a cambio de protección de autoridades y funcionarios públicos, entre ellos personas presuntamente vinculadas al Ministerio Público.