Parlamentarios de la Alianza Libre presentaron este viernes una proposición acusatoria contra el expresidente Evo Morales y el exvicepresidente Álvaro García Linera, por las presuntas vulneraciones a los derechos humanos registrados durante el operativo policial ejecutado en el hotel ‘Las Américas’, de la ciudad de Santa Cruz, en abril de 2009.
La iniciativa fue formalizada ante la Fiscalía General del Estado (FGE), en la ciudad de Sucre, con el objetivo de promover un juicio de responsabilidades contra los exmandatarios.
El diputado Antonio Pinto informó que el caso cuenta con un pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), instancia que identificó vulneraciones a los derechos de las víctimas, entre ellas ejecuciones extrajudiciales.
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“La CIDH considera que lo ocurrido aquella noche pasa a ser delitos de lesa humanidad, esa noche han existido ejecuciones sumarias, han asesinado a tres personas. Aparte de aquello, hay otros ciudadanos que han sufrido vejámenes, al haber sido encarcelados de manera injustificada”, declaró antes los medios de prensa.
El operativo se realizó el 16 de abril de 2009, cuando efectivos policiales irrumpieron en el hotel cruceño y abatieron a tres personas: Eduardo Rózsa, boliviano-húngaro; y Arpad Magyarosi y Michael Dwyer, ambos súbditos europeos. Además, varias personas fueron detenidas bajo acusaciones vinculadas con terrorismo y separatismo.
Familiares de las víctimas y sobrevivientes acudieron a la CIDH para denunciar abusos y vulneraciones durante la intervención policial y los procesos posteriores.
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En diferentes acusaciones por este caso, Morales figura como uno de los principales responsables, pues durante una visita oficial a Venezuela reconoció haber ordenado la intervención.
El diputado Pinto puntualizó que la acusación presentada tiene como base la ejecución extrajudicial de los tres hombres para impulsar un juicio de responsabilidades.
“Estamos pidiendo al Fiscal General interino que remita la proposición acusatoria a la Asamblea Legislativa para que pueda autorizar el inicio de juicio de responsabilidades contra Evo Morales por este caso”, indicó.
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Afirmó que la votación en la Asamblea permitirá conocer la posición de las distintas fuerzas políticas frente a los hechos denunciados y la posibilidad de establecer responsabilidades por los acontecimientos registrados en años anteriores.
“Esto no es un hecho que incita al revanchismo, no es una proposición de persecución política, sino es un acto de redención política. Las víctimas de este caso merecen justicia, el pueblo boliviano merece justicia”, precisó.
De igual forma, el legislador anunció que la Alianza Libre pretende impulsar otras acciones judiciales contra el exmandatario por otros hechos de violencia que quedaron pendientes durante su administración (2006-2019), entre ellas los enfrentamientos suscitados en La Calancha, durante el conflicto por la capitalidad en Sucre.
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Al momento de solicitar al Ministerio Público y la Policía ejecutar los mandamientos de aprehensión vigentes contra Morales, Pinto sostuvo que la exautoridad debe responder y someterse a la justicia como cualquier ciudadano.
De acuerdo con el procedimiento establecido, la proposición acusatoria deberá ser evaluada por la Fiscalía General del Estado. Tras una revisión y eventual admisión del proceso, el caso será remitido a la Asamblea Legislativa, donde se requerirá el respaldo de dos tercios de los votos para autorizar el juicio de responsabilidades.