La jefa de bancada de la alianza Libre en el Senado, Tomasa Yarhui, planteó la conformación de una comisión especial mixta de investigación en la Asamblea Legislativa Plurinacional tras la revocación de visas y sanciones dispuestas por Estados Unidos contra el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, y otras altas autoridades del Órgano Judicial. La legisladora enfatizó la delicadeza institucional del asunto y la necesidad de actuar con máxima responsabilidad jurídica al tratarse de los principales operadores de la justicia boliviana.
Con el fin de garantizar una indagación transparente, independiente y libre de presiones, Yarhui sugirió que todos los involucrados en el comunicado estadounidense se aparten temporalmente de sus funciones mientras concluyan los trabajos del ente investigador. Aclaró que esta medida protegería el desarrollo de las indagaciones y la imagen de las propias autoridades, permitiendo esclarecer los motivos de las restricciones sin que su permanencia interfiera en los actuados ni en el trabajo ordinario de los órganos de administración de justicia.
LEE TAMBIÉN: Lara convoca a sesión del Legislativo para tratar informe de bolivianos vetados por EEUU
La senadora advirtió que la crisis en el Ministerio Público genera incertidumbre sobre el avance de casos de alto impacto social y penal, como los denominados «Narcomaletas», el tráfico de oro y otros procesos ligados al narcotráfico. Según expuso, si las autoridades observadas permanecen al frente de las instituciones encargadas de dirigir la acción penal pública, existe el riesgo de que la resolución de estos expedientes clave sufra retrasos o pierda credibilidad ante la ciudadanía.
Respecto a la integración de la instancia parlamentaria, Yarhui instó a las bancadas a designar representantes capacitados y comprometidos con dar resultados objetivos, evitando repetir los desaciertos de anteriores comisiones legislativas que no lograron conclusiones sustantivas. Asimismo, advirtió sobre la existencia de una pugna de poderes entre el Ministerio Público y el Órgano Ejecutivo, factor que reafirma la urgencia de contar con un mecanismo de fiscalización neutral que actúe al margen de disputas políticas.
LEE TAMBIÉN: COB instruye a sus afiliados convocar a asambleas para definir posición sobre la coyuntura
Finalmente, la parlamentaria precisó que su propuesta responde a una postura personal para no comprometer la línea formal de su bancada ni su rol como miembro de la Comisión de Constitución. Evitó pronunciarse de manera anticipada sobre un eventual juicio de responsabilidades contra el Fiscal General, señalando que cualquier medida punitiva o juzgamiento de privilegio deberá ser determinado estrictamente conforme a la Constitución y en función de los hallazgos finales que arroje la investigación legislativa.