El diputado de la alianza Libre, Armin Lluta, demandó la renuncia por razones morales del fiscal general del Estado, Roger Mariaca, tras conocerse los señalamientos del Gobierno de Estados Unidos que lo vinculan con hechos de narcotráfico y sobornos. Lluta argumentó que la permanencia de la autoridad en el cargo compromete la credibilidad del sistema judicial y exigió que abandone sus funciones para permitir un proceso transparente.
«Ha manchado la justicia, estamos siendo cuestionados y criticados (…) Con razón se liberan aquellos que están metidos en narcomaderas, narcomaletas y narcotráfico con arresto domiciliario», afirmó Lluta, al señalar que mientras Mariaca continúe al frente del Ministerio Público no existirá la independencia necesaria para esclarecer las acusaciones en su contra, , por lo que instó a las autoridades competentes a solicitar formalmente a la Cancillería la remisión completa del informe elaborado por el Departamento de Estado de EE. UU.
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Para transparentar los hechos, Lluta planteó la creación de una comisión mixta en la Asamblea Legislativa Plurinacional, integrada por diputados y senadores. Esta instancia tendría como objetivo no solo indagar los nexos denunciados por la administración estadounidense, sino también fiscalizar el proceso de selección que llevó a Mariaca a la Fiscalía General, verificando si cumplió en su momento con todos los requisitos e idoneidad exigidos por ley.
Ante la gravedad del caso, el legislador solicitó de manera urgente convocar a una sesión plenaria para viabilizar la conformación de la comisión investigadora y definir el inicio de un juicio de responsabilidades. Lluta enfatizó que una denuncia de tal magnitud internacional contra la máxima autoridad fiscal del país requiere un abordaje inmediato y riguroso.
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Finalmente, el diputado aseveró que las investigaciones deberán realizarse con absoluta imparcialidad y que, de hallarse indicios suficientes de culpabilidad, no se descarta promover la extradición del Fiscal General. En su criterio, la severidad de las acusaciones presentadas por el gobierno estadounidense amerita agotar todas las instancias legales para devolver la confianza a la administración de justicia boliviana.