Ante las amenazas de protestas y posibles conflictos sociales en octubre –mes que históricamente destaca por la alta tensión social y política– el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, aseguró que el Gobierno recurrirá a las medidas enmarcadas en el Estado de excepción, que continúa vigente en el país, para garantizar el orden constitucional.
“Eso del octubre negro, rojo, blanco o verde es un tema del pasado. Creo que los bolivianos hemos entrado en un nuevo ciclo, esas amenazas de (hace) un mes ya no es valedero, sobre todo cuando el Gobierno y sus autoridades buscan soluciones”, afirmó en contacto con los medios de prensa en la ciudad de Santa Cruz.
La autoridad destacó que el órgano Ejecutivo mantiene abierta las vías de diálogo para atender las demandas de todos los sectores sociales, aunque consideró que cualquier dirigente u organización que promueve el inicio de un nuevo conflicto antes de agotar los espacios de encuentro, tendría “otros objetivos”.
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En medio de las crecientes amenazas de movilizaciones, especialmente por la eliminación de la subvención al diésel, la autoridad advirtió con aplicar las medidas dispuestas en el régimen excepcional para contener lo que calificó como “medidas antidemocráticas”.
“Los bolivianos no vamos a permitir volver a los 53 días (de crisis de mayo y junio pasado), donde había claros objetivos de desestabilización, de medidas antidemocráticas, y donde ahí sí vamos a usar el Estado de excepción”, aseveró.
Zamora precisó que el Estado de excepción “es para los malos bolivianos” que –según dijo– pretenden utilizar cualquier reclamo legitimo como detonante principal para iniciar un nuevo conflicto social.
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Luego del retiro de la subvención al diésel, a través de la promulgación del Decreto Supremo 5617, distintos sectores sociales expresaron su rechazo a la medida y alertaron sobre posible efecto inflacionario en costos y servicios. Este martes, la Confederación Sindical de Choferes de Bolivia anunció un repliegue de sus vehículos a nivel nacional por 24 horas para el lunes 28 de septiembre, en rechazo al nuevo precio del diésel, que subió de Bs 9,80 a Bs 17,95.
La medida amenaza con paralizar el transporte urbano, interprovincial, interdepartamental e internacional, tanto en sus modalidades de carga o pasajeros.
El ministro Zamora lamentó la determinación de la organización sindical, adoptado en un reciente ampliado nacional, y sostuvo que paralizar sus actividades por una jornada completa perjudicará tanto a la población como a los choferes de base.
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“No es bueno (ese repliegue) porque ellos pierden plata. Replegarse es un día menos de trabajo. ¿Y qué queremos los bolivianos? Que entre platita”, expresó.
Recordó que la administración expresó su disposición de sentarse a dialogar con los sectores que rechazan la medida y alcanzar acuerdos que permitan garantizar la continuidad del servicio y amortiguar el impacto en la economía de los usuarios.
Por su parte, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, informó que se reforzó la presencia de policías y militares en algunas carreteras del país para evitar la instalación de vigilias y puntos de bloqueo, prohibidos en el marco del Estado de excepción.

