La diputada del PDC, Catherine Pinto, informó que este miércoles el pleno de la Cámara de Diputados tratará el proyecto de ley de resarcimiento a favor de militares y policías que fueron dados de baja o sancionados administrativamente en la gestión 2019. La legisladora señaló que el objetivo es devolver los derechos que fueron vulnerados de forma injusta a efectivos que, en cumplimiento de órdenes para el restablecimiento del orden público y la defensa de la democracia, resultaron afectados en sus derechos laborales y personales.
Pinto explicó que el informe y el proyecto de ley ya fueron aprobados por unanimidad en la Comisión de Gobierno, Defensa y Fuerzas Armadas, tanto en grande como en detalle. Esperan que en el hemiciclo se logre el mismo respaldo. La diputada sostuvo que desde hace años las instituciones militares y policiales han sido desinstitucionalizadas, lo que derivó en episodios lamentables. “Queremos fortalecer estas instituciones y dar una señal: ningún interés político estará por encima de la seguridad del Estado”, afirmó.
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La norma beneficia a todos los efectivos que fueron dados de baja o recibieron sanciones administrativas en 2019. Muchos de ellos, indicó Pinto, dejaron de percibir sueldos y beneficios sociales, y sus familias fueron directamente afectadas. La ley también contempla un proceso de repetición contra los funcionarios militares o policiales que hubieran ejecutado procesos sumarios contrarios a norma, para que respondan económicamente por el daño causado. Además, prevé la reincorporación de al menos 12 policías que a la fecha no han podido volver al servicio por resoluciones mal emitidas.
El proyecto fue trabajado junto al Ministerio de Economía, Ministerio de Defensa, Ministerio de Gobierno y otras instancias pertinentes. Pinto aclaró que, por la crisis económica, el resarcimiento económico regirá hacia adelante y no generará una carga retroactiva insostenible para el Estado. Aclaró que la ley no interfiere con los procesos penales: muchos de los efectivos ya fueron liberados y declarados sin culpa, y esta norma se enfoca en reparar los derechos civiles, administrativos y de honor.
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El excoronel Jaime Zurita, dado de baja tras el motín de 2019, respaldó la iniciativa. Denunció que durante estos años cientos de policías y militares perdieron sueldos, ascensos, cursos de especialización y oportunidades de carrera. En su caso, fue acusado de liderar un motín en Cochabamba cuando cumplía funciones en La Paz. “Estamos hablando de más de 200 efectivos afectados por distintas sanciones. Lo que pedimos es restablecer el Estado de derecho y reivindicar la democracia”, señaló. Zurita convocó a los parlamentarios a aprobar la ley para reparar el daño a las familias que quedaron sin sustento.