El presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, anticipó que una de las resoluciones de la Asamblea de la Cruceñidad será la abrogación del Decreto Supremo 5676, que establece un nuevo esquema de precios diferenciados para la venta de diésel.
La reunión de la institucionalidad cruceña está prevista para la noche de este miércoles en las instalaciones de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB). Como punto principal, abordará la crítica escasez de combustibles en el departamento.
El dirigente cívico cuestionó al Gobierno por el nuevo periodo de desabastecimiento y recordó que los problemas de suministro persisten desde hace dos años y medio. En ese marco, consideró que la implementación de precio referencial de Bs 18 por litro de diésel para grandes consumidores no resuelve la crisis, al contrario, promueve la especulación y la reventa del carburante.
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“Hoy todo el país está parado porque no hay combustible porque no hay combustibles: ni diésel ni gasolina, y lo único que han hecho con el Decreto 5676 es profundizar esta crisis, generar una brecha más grande en corrupción con la aplicación de dos precios”, afirmó.
Cochamanidis apuntó también contra Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) por incumplir su responsabilidad constitucional de garantizar el abastecimiento de combustibles que actualmente afecta la producción, el transporte y el suministro de alimentos.
“Hoy, la Asamblea de la Cruceñidad, sus sectores, las provincias, entre todos, buscaremos una salida para que el departamento no se pare, para que la producción no se pare, garantizar que haya alimentos en todo el país porque si seguimos esperando el ritmo del Gobierno nos vamos a quedar sin comer”, señaló.
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Remarcó que el encuentro no se limitará a elevar un reclamo formal, sino que buscará formular propuestas y alternativas ante las dificultades para acceder principalmente a diésel.
El sector agropecuario impulsó una nueva sesión de la institucionalidad cruceña tras expresar su rechazo al Decreto Supremo 5676. Entre las demandas que serán planteadas está garantizar la normalización del suministro de combustibles, revisar las restricciones para la importación privada y generar condiciones de mayor certidumbre para el aparato productivo.
Asimismo, el dirigente cívico solicitó investigar las denuncias de corrupción dentro de la petrolera estatal y exigió identificar a los responsables de las supuestas irregularidades. “La ciudadanía necesita saber quiénes son los responsables de este robo que nos están haciendo”, expresó.
Tras las conclusiones de la Asamblea, las instituciones y sectores de la región definirán futuras acciones frente a la crisis, entre ellas posibles medidas de presión.