La situación judicial del coronel de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), Henry Crespo Guzmán, se complica tras el rechazo de una acción de libertad en Santa Cruz. El oficial es requerido por la justicia de Estados Unidos (EEUU) dentro de un caso por conspiración en tráfico de drogas y tráfico de armas.
El uniformado fue detenido el 28 de agosto en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra cuando salía de su domicilio durante un operativo conjunto entre la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), Interpol y agentes de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en ingles), en cumplimiento de la ejecución de una notificación roja internacional.
De acuerdo a informes oficiales, Crespo Guzmán enfrenta cargos relacionados con la exportación de cocaína para su distribución en territorio de EEUU y posesión de ametralladoras de alto calibre.
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El coronel de la FAB, quien ya está en la reserva activa, era perseguido desde hace tiempo y, luego de investigaciones, se logró detectar que la droga que importó desde Bolivia debía de ser entregada a traficantes en una costa del país norteamericano.
Luego de su captura en la capital cruceña, el oficial fue trasladado a la ciudad de Sucre para ser ingresado a la cárcel de San Roque en cumplimiento del mandamiento de detención preventiva con fines de extradición dictado por el juez del municipio.
Tras la disposición judicial, la familia elevó un reclamo por una supuesta vulneración a los derechos y dignidad del oficial durante el procedimiento. Ratificaron la inocencia del oficial y defendieron las funciones que realizó durante 30 años en las Fuerzas Armadas (FFAA).
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La esposa del uniformado declaró que Crespo Guzmán nunca viajó a EEUU y ni siquiera tiene visa, por lo que descartó la comisión de los delitos atribuidos.
Ante ello, la familia decidió plantear una acción de libertad contra el jefe de la Interpol Santa Cruz, de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico, y del juez que emitió el mandamiento de detención para fines de extradición. El recurso judicial fue resuelto en la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Chuquisaca, que rechazó la misma y ordenó continuar con el trámite de extradición a EEUU.
El tribunal fundamentó que el proceso comenzó en virtud de la solicitud formal de Gobierno de EEUU que aportó pruebas sobre la causa que se inició contra el oficial. La resolución habilitó los mecanismos para agilizar el traslado del militar al país del norte.