El presidente de Argentina, Javier Milei, firmó este viernes un decreto para agilizar los mecanismos para sancionar a las petroleras que operen en las islas Malvinas, bajo control británico y cuya soberanía reclama el país suramericano.
El decreto, publicado en el Boletín Oficial, busca acelerar los procedimientos para aplicar la ley 26.659, aprobada por el Parlamento argentino en 2011 y que establece las condiciones para explorar y explotar hidrocarburos en la plataforma continental argentina.
Esa norma establece sanciones para las empresas que realicen actividades sin la autorización de Argentina, país que considera a las islas Malvinas y a las aguas que la circundan como espacios comprendidos dentro de su plataforma continental.
LEE TAMBIÉN: Impuestos remitió más de 65.000 casos a la Contraloría para viabilizar Solvencias Fiscales
En un mensaje por cadena nacional emitido en la noche de este jueves, Milei ya había anticipado que buscaría acelerar la aplicación de sanciones a las petroleras, sus directivos, accionistas y proveedores, con operaciones en Malvinas a partir de licencias concedidas por el Gobierno isleño que Argentina considera «ilegales».
Argentina ya había aplicado las sanciones previstas en la ley 26.659 a la petrolera británica Rockhopper, en 2013, y la israelí Navitas, en 2022, socias en el proyecto Sea Lion, a 220 kilómetros al norte de Malvinas, en el Atlántico sur.
Ambas empresas fueron inhabilitadas para operar en Argentina por un plazo de veinte años.
LEE TAMBIÉN: La CEPB celebra 64 años y llama a la unidad para superar la crisis económica
Operado por Navitas, Sea Lion se encuentra en incipiente fase de desarrollo, después de que a finales de 2025 la israelí y su socia británica anunciaran la decisión final de inversión en el proyecto, con vistas a iniciar la extracción de crudo en marzo de 2028.
El decreto ordena a todos los organismos de la Administración pública argentina a reportar de inmediato si detectan cualquier empresa operando en Malvinas sin autorización argentina, para abrirles un procedimiento y notificarles la infracción.
La ley de 2011 no solo sanciona a las petroleras no habilitadas por Argentina, sino también a quienes tengan participación directa o indirecta en los proyectos o que presten para esos desarrollos servicios comerciales, económicos, financieros, logísticos, técnicos y de consultoría.
LEE TAMBIÉN: Bolivia fija sus ojos en Vanessa Kraljevic rumbo a la corona de Miss World 2026
Todos estos podrían quedar inhabilitados por un plazo de cinco a veinte años para desarrollar actividades en Argentina.
En Malvinas operan, además de Navitas y Rockhopper, la petrolera británica Borders & Southern y la canadiense JHI, además de varias compañías que les proveen servicios e infraestructura.
En decreto publicado este viernes establece, además, que ninguna de estas empresas que incumplan la ley de 2011 podrán tener relación con proyectos que sean admitidos al Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), puesto en marcha en Argentina en 2024 y del que ya se están beneficiando varias iniciativas en el sector de los hidrocarburos.
// EFE