Un operativo policial, en coordinación con ente regulador del área, en una localidad rural en el departamento de La Paz finalizó con la aprehensión de 18 personas, entre ellos 7 bolivianos y 11 ciudadanos asiáticos.
Los detenidos fueron trasladados a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC) de La Paz, informó el director departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra los Delitos Ambientales (FELCDA), Marco Antonio Azeñas.
Explicó que el operativo se realizó en la comunidad Lacatía, en el municipio de Sorata, con la intervención de agentes de la unidad policial y funcionarios de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), tras recibir una denuncia sobre la presencia de extranjeros dedicados a la explotación minera.
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Durante la acción interinstitucional, las autoridades secuestraron “vehículos e importante material explosivo”, en el marco de la política actual contra la contaminación minera, la extradición ilegal de minerales y la portación de explosivos.
Por su parte, el director nacional de la AJAM, Jaime Sanabria, señaló que la operación se realizó a solicitud de la cooperativa minera Buenavista, «que tiene derechos mineros sobre el área denominada Metalani 2, en la comunidad Lacatía», y cuyos asociados denunciaron «que habían sido invadidos por ciudadanos extranjeros».
El despliegue policial inició en un campamento minero en Lacatíal luego avanzó al río Huilachuro y, finalmente, en Metalani 2, donde «en un punto alejado del campamento, se identificó actividad minera en plena ejecución».
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“Se evidenció una labor minera subterránea con un avance aproximado de 50 metros, además de combustible y una importante cantidad de material explosivo, entre ellos cartuchos de dinamita, cordón detonante y fulminantes, cuya cuantificación y análisis se encuentran en proceso», señaló la entidad.
Con base en datos estadísticos e intervenciones anteriores, el ejecutivo afirmó que “más del 80 % de la actividad minera que se realiza en el país es ilegal» que no solo se limita a la explotación de oro, sino también a la minería tradicional y a gran escala.
«La minería ilegal está muy bien organizada, muy bien estructurada y además goza de la protección de la misma sociedad, en muchos casos», advirtió Sanabria.
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A criterio del funcionario, es necesario «adoptar medidas administrativas» para regularizar las operaciones ilegales en los casos que corresponda.